Un mes le resta a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y al expresidente de la Generalitat Francisco Camps para conocer si, finalmente, el Tribunal Superior de Justica (TSJ) de la Comunidad Valenciana se declarará competente para instruir los delitos que se le atribuyen en la trama Nóos. En caso afirmativo, el máximo órgano judicial deberá deliberar sobre la supuesta participación de ambos en las negociaciones previas a la firma del convenio del Valencia Summit, que se estableció entre el instituto presidido por Iñaki Urdangarin y el Consell.
Malversación, prevaricación, fraude a la Administración y falsedad en documento oficial son los delitos que el juez Castro atribuye a la primera edil de Valencia y al exjefe del Consell. El tribunal tendría que pronunciarse sobre la competencia el próximo jueves, según los plazos. Sin embargo, ese día ya es 1 de agosto, un mes inhabil en materia penal, por lo que la decisión final se conocerá a partir del mes de septiembre.
Más pruebas
Diego Torres -exsocio de Iñaki Urdangarin al frente del Instituto Nóos- pidió ayer al magistrado instructor de la trama que requiera a los proveedores que libraron las numerosas facturas relativas a la organización de los Islas Baleares Forum y los Valencia Summit, que certifiquen si, en efecto, el contenido que figura en las mismas se corresponde con los trabajos que les fueron encargados desde la entidad presidida entonces por el Duque de Palma.
A través de este documento, el exsocio de Urdangarin pide que se certifique la autenticidad de las más de mil facturas que a lo largo de las últimas semanas su defensa ha entregado al magistrado, y con las que ha intentado acreditar, en base a los ingresos y gastos en que incurrió el Instituto Nóos en los eventos, que la entidad tuvo que afrontar cuantiosas pérdidas económicas. De hecho, según los documentos aportados por Torres, la companía podría haber registrado mermas por valor de 23.329 en las actividades relativas a la organización de un foro deportivo en Valencia.
