Durante el último debate de política general celebrado en las Cortes hace diez meses, el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, puso encima de la mesa la propuesta para rebajar el actual número de diputados autonómicos de 99 a 79. Con ello, el PP intentó conseguir un titular más efectista y de cara a la galería, que real. En este tiempo, Fabra no ha logrado atraerse el respaldo de ninguno de los grupos parlamentarios. Pese a todo, el pleno del Consell aprobó ayer el trámite para reformar el Estatuto de Autonomía con la intención de reducir el número de escaños en el hemiciclo a sabiendas, sin embargo, de que si la oposición no se suma cambiar la Carta Magna de los valencianos necesita de mayoría cualificada de dos tercios por lo que el PP no la puede imponer, la modificación no se validará.

La operación supondrá un ahorro anual escaso. Apenas 730.000 euros al año. Eso es lo que Fabra y su vicepresidente José Císcar destacaron de una reforma que, en la práctica, supone recortar la capacidad de oposición de los grupos que controlan al Consell y, sobre todo, un claro intento del PP de «salvar» el Consell taponando el ascenso, por ahora irresistible, de las fuerzas minoritarias. El partido más votado saldría favorecido. Así que la maniobra tiene un toque político clave. Supone, en la práctica, variar las reglas del juego a la mitad del partido. Pero es que tampoco genera un ahorro considerable. De hecho, sin ir más lejos, la modificación del Estatuto obligaría a organizar un referéndum ciudadano para su aprobación definitiva que podría acarrear, incluso, un gasto superior que el ahorro previsto con las nóminas de los diputados.

El PP podría plantear celebrarlo con las europeas para limitar los costes. La supresión de parlamentarios tendría un efecto directo, por tanto, sobre la democracia y sobre los representantes elegidos directamente por los ciudadanos. Mientras, la administración que encabeza Alberto Fabra acumula, según la oposición, unos 300 altos cargos designados «a dedo» y que tienen un coste anual cercano a los ocho millones.

Como se recordará, en la anterior modificación estatutaria, que data de 2006, el número de diputados subió de 89 a 99. Ahora, cuatro años después, se tendría que volver a cambiar el hemiciclo. Cada provincia se quedaría con un mínimo de 15 diputados fijos por los 20 de ahora y el resto se repartirían en función de la población. La oposición rechaza por completo la medida de los populares. Quizá, la única vía de negociación podría pasar por incluir en las conversaciones un cambio de la Ley Electoral y adoptar un sistema proporcional, algo a lo que el PP se opone.