Alberto Fabra sabe que se juega la segunda mitad del mandato y, con ello, la posibilidad de llegar con alguna opción de éxito a los comicios autonómicos de 2015 en dos frentes: la mejora de la economía e intentar recuperar una cierta imagen de credibilidad mostrando firmeza frente a las investigaciones por corrupción que azotan al PP de norte a sur de la Comunidad. Y a ello se aplicó el presidente de la Generalitat durante el balance de sus dos años de mandato. Consciente de que, en estos momentos, es casi imposible «vender» logros en la economía real que afecta a los ciudadanos, el jefe del Consell marcó objetivos genéricos sobre la reactivación del empleo o la reforma de la administración que, en varios momentos y para distanciarse de los anteriores gobiernos populares, calificó de «sobredimensionada». Pero, sobre todo, trató de concentrarse en taponar el flanco que, en estos momentos, mina al PP, en su peor momento desde 1995 y con todas las encuestas en contra para volver a repetir en la Generalitat: el combate contra la corrupción.
Y Fabra dejó claro que la «línea roja» que ha marcado apartar a los imputados de los cargos del Consell y de la cúpula del PP o del grupo en las Cortes se mantendrá hasta sus últimas consecuencias, incluso, si le afecta al propio presidente de la Generalitat. «Si estuviera inmerso en un proceso judicial y un juez, tras investigar, me imputara, obviamente, me iría de la política. Renunciaría al Consell», reconoció Fabra con contundencia. Todo ello a pesar de que aseguró tener la conciencia «muy tranquila» por su gestión y de que aprovechó para poner un único «pero» a esa situación. «Dicho esto, no vale que alguno quiera usar la justicia para que yo salga de la política, que nadie crea que para evitar que esté en política puede presentar denuncias. No voy a dar pie a que nadie use atajos para desestabilizar al PP», alertó.
El mensaje tenía destinatario: la avalancha de denuncias presentadas por la autodenominada Asociación Valenciana contra la Corrupción, una entidad semidesconocida detrás de la que, por ahora en privado, dirigentes del PP ven la alargada sombra del exconseller Rafael Blasco, apartado del grupo popular en las Cortes por el supuesto fraude de las ONG. De ahí que el titular de la Generalitat trazara esa línea, durante su reflexión, en imputaciones sustentadas por investigaciones judiciales. Fue el único matiz de una intervención en la que el jefe del Consell marcó todas las distancias que pudo y, además, en varias ocasiones con la etapa de Francisco Camps, a la que pertenecen la mayoría de los casos de investigación que lastran al PP. «Son cosas de hace años», señaló en todo momento para, como contraste, sacar pecho de su gestión y alardear de que, en el periodo que lleva de mandato, no se ha llegado a abrir ni una investigación por corrupción vinculada a su Consell. «En estos dos años que yo llevo como presidente no se ha generado ningún caso y voy a seguir trabajando para que no haya ninguna apertura de juicio porque no haya posibilidad alguna mientras yo esté al frente de la institución», agregó Alberto Fabra.
Tono muy firme
En este escenario y en tono muy firme, el presidente de la Generalitat lanzó una carga de profundidad contra los dirigentes del PP que están alimentando el debate interno contra la «línea roja», tal y como ocurrió, por ejemplo, en la última ejecutiva regional del PP o, en estos últimos días, con la moción de censura de Orihuela en la que la Junta Local pretende aupar a la imputada Mónica Lorente a la Alcaldía. «Algunos lo ponen en duda. Otros pensarán diferente. Pero no queda otra que ser ejemplares y lavar la imagen. No hay marcha atrás», proclamó el presidente de la Generalitat antes de alertar de los peligros que puede suponer, en medio del terremoto que sufre el actual sistema de partidos, «no ser capaces de entender que los ciudadanos nos están pidiendo, en estos momentos, ejemplaridad y transparencia».
En todo caso, Fabra reclamó más celeridad en las investigaciones judiciales para evitar que se eternicen, se mostró partidario del cambio de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para delimitar aún más cada caso en función de la gravedad de la citación y, sobre todo, se marcó el objetivo de mantener el timón del Gobierno hasta la votación de 2015 sin ceder a las presiones y sin bajar la guardia con los imputados. «Nos tenemos que seguir esforzando, le pese a quién le pese, para continuar trabajando con honestidad y honradez», sugirió el jefe del Consell que, incluso, volvió a marcar una posición clara sobre la situación del grupo en las Cortes, convertido en un «lunar» que acumula nada menos que ocho imputados. «El acta es personal. Pero cada persona debe ser consciente de lo que debe hacer, yo lo he sido y en los cargos que dependen de mí en el Gobierno y en el partido lo he dejado claro, esa es la línea para generar confianza», agregó para remachar: «los que dependen de mi, ya saben el camino». Aviso a navegantes.
