El Síndic de Greuges, José Cholbi, puso en solfa ayer al PP y al Consell durante su comparecencia en la Comisión de Peticiones de las Cortess para dar cuenta del informe sobre su labor en 2012. La radiografía que el defensor del pueblo valenciano ofreció fue demoledora al alertar del grave deterioro y desmantelamiento del Estado del Bienestar provocado por la crisis y los recortes y el riesgo de involución para retornar a la época de la «beneficencia», con lo que, de esa manera, se reafirmó en el contenido de su informe anual. El alto comisionado de las Cortes para la defensa de los derechos de los valencianos lamentó que una parte de la ciudadanía se haya quedado sin prestaciones. Durante dos horas, Cholbi puso en una situación de incomodidad a los representantes populares en esa comisión. También lamentó los problemas de acceso a la vivienda y los desahucios.

La socialista Clara Tirado se refirió a la «dramática» y «desesperada» situación de miles de valencianos por los recortes en las prestaciones sociales. Una observación que fue respaldada por Cholbi. La diputada denunció que el PP está «utilizando la excusa de la crisis para aplicar recortes que afectan especialmente a los sectores más necesitados». Los populares, agregó, apuestan por un «Estado benéfico» frente al Estado del Bienestar construido durante 30 años de democracia, dijo.

Para Tirado, los datos del informe avalan su diagnóstico. Así, destacó que el número de quejas recibidas por este organismo se ha incrementado en un 23% desde 2011 y remarcó que la «ausencia de respuestas» a muchas de las necesidades de los ciudadanos «no son por la falta de liquidez del Consell, sino que sirven también de excusa al PP para aplicar sus recortes».

Tirado puso las rentas garantizadas de ciudadanía y la ley de dependencia como ejemplos del retroceso social. Recordó que «la Conselleria demora las resoluciones de expedientes» y que «detrás hay personas con nombres y apellidos». Para la parlamentaria del PSPV el informe que se desprende de la comparecencia del Síndic de Greuges apunta a la necesidad de mayores mecanismos de fiscalización del gobierno valenciano, como indica «el número de quejas registrado», y exigió «una mayor periodicidad».