La exconsellera Alicia de Miguel dimite de las Cortes justo antes de ser imputada por Gürtel

Es la primera parlamentaria del PP que deja el escaño de forma voluntaria por una investigación judicial y pone en un brete a los otros ocho diputados que siguen en el hemiciclo autonómico a pesar de estar encausados

23.07.2013 | 17:29
De Miguel, en 2006, durante el debate de presupuestos.
De Miguel, en 2006, durante el debate de presupuestos.

La exconsellera Alicia de Miguel presentó ayer su renuncia como diputada del PP en las Cortes. Fue unos minutos antes de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad (TSJ) hiciera pública su imputación en una de las piezas vinculadas al sumario de Gürtel a raíz de tres contratos adjudicados entre los años 2006 y 2007 a empresas de la red corrupta durante su etapa como titular de Bienestar Social. Fichada para el Consell por Eduardo Zaplana en 1999 para continuar más tarde en el primer Gobierno de Francisco Camps y finalmente quedarse como diputada en las Cortes a partir de 2007, la decisión de De Miguel tiene una enorme carga política: es el primer dirigente del PP con escaño en el hemiciclo autonómico que se marcha por voluntad propia al ser imputado y, desde luego, pone en un brete al resto de parlamentarios encausados ocho, entre ellos, Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi y a dirigentes del PP, como Serafín Castellano, pendientes de la resolución de los tribunales.

Quince minutos antes del mediodía, Alicia de Miguel se presentó en las Cortes para registrar su dimisión. Lo hizo alegando «motivos personales» y con una carta dirigida a sus compañeros de bancada en la que, además, da por finalizada su etapa en política para dedicarse por completo a la medicina, algo que, por contra, llama la atención en tanto que De Miguel disponía, desde hace tiempo, de la compatibilidad para poder compaginar su profesión con el escaño. En el escrito, además, agradece la confianza del PP encadenaba cargos públicos desde 1999 y destaca su experiencia al frente de la conselleria de Bienestar Social, subraya, por «las lecciones de humanidad». Jorge Bellver, portavoz popular en las Cortes Valencianas, agradeció la labor de Alicia de Miguel por «su dedicación, su fuerza y su entrega en el trabajo parlamentario en defensa de los ideales y principios del PP. Le deseo lo mejor».

El anunció cogió por sorpresa a casi todos en el hemiciclo autonómico. La exconsellera, después de una época de ostracismo parlamentario durante la segunda legislatura de Camps tras su salida del Consell en 2007, volvía a contar en el grupo de las Cortes y tenía el respaldo directo de Castellano. Desde hace unos días, sin embargo, había «apuestas» sobre el tiempo que el TSJ tardaría en imputarla por Gürtel. Enrique Navarro, el que fuera su jefe de gabiente en Bienestar Social y exsecretario autonómico de Familia y Solidaridad, le apuntó la semana pasada con el dedo y la responsabilizó, durante su declaración en el TSJ, de tres contratos con la trama. Unos minutos más tarde de registrar su dimisión, el TSJ confirmaba, precisamente, la imputación de la exconsellera. En una providencia fechada ayer, de hecho, el instructor José Francisco Ceres apunta que, de acuerdo con las investigaciones, pudo «existir presuntamente un fraccionamiento de las contrataciones (...) en favor de sociedades en alusión al conglomerado Gürtel del mismo grupo empresarial» y, en base a la citada declaración, apunta a De Miguel como la persona que habría decidido realizar el encargo a El Bigotes. Tendrá que declarar como imputada el próximo 24 de septiembre a las 11:30 horas.

La decisión de la exconsellera con Zaplana y Camps tiene un enorme calado, admitieron desde el PP. Fuentes de la cúpula popular reconocieron que se trata de un «ejemplo» dentro de un partido que actualmente, como se recordará, arrastra ocho parlamentarios imputados, dos de los tres alcaldes de capital la citada Castedo y su homólogo de Castellón Alfonso Bataller también lo están y aún está a la espera de lo que ocurra con la situación de Camps y Rita Barberá, pendientes de la trama Nóos. Pero igualmente deja en una tesitura muy complicada a Serafín Castellano, conseller y número dos de Fabra en el PP, esperando una decisión del TSJ sobre la denuncia del caso Taroncher.

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