La crisis y las continuas medidas de ajuste aprietan, cada vez más, el bolsillo de las familias alicantinas. Así se desprende de los datos recogidos en la memoria de Suma Gestión Tributaria -organismo dependiente de la Diputación y encargado de recaudar los tributos locales- relativo al año 2012. En el documento, presentado ayer por el director del organismo, Manuel de Juan, y el vicepresidente de la corporación provincial y diputado de Economía y Hacienda, Cesar Augusto Asencio, se concreta que a lo largo de 2012 aumentó en un 36% el número de contribuyentes que eligieron fraccionar o aplazar el pago de sus obligaciones. Dividir o retrasar el ingreso de las tasas locales es una opción que se ha extendido entre los ciudadanos hasta el punto de casi duplicarse durante los últimos tres años.

En 2012 se registraron, de hecho, un total de 81.309 solicitudes de fraccionamiento o aplazamiento en los pagos por un valor de 75 millones de euros sobre el montante total recaudado por Suma, que ascendió a 693,7 millones. La grave crisis, que ha azotado duramente a muchos ciudadanos durante los últimos tiempos, deja huella en el informe. De hecho, en 2010 se produjeron 47.216 peticiones de fraccionamiento. Un año más tarde, el número seguía aumentando. En concreto, se concedieron 59.730 pagos a través de esta modalidad durante 2011. Un indicador, en constante crecimiento, que pone de manifiesto como la mala situación económica que atraviesa el conjunto de España golpea a los ciudadanos sin mejora de la economía real.

Otra de las opciones que también ha escogido buena parte de la población para hacer frente a sus obligaciones tributarias con la Administración es el Plan de Pago Personalizado. A través de este mecanismo, que permite a los contribuyentes establecer los plazos y las cantidades a pagar, se han recaudado 4,3 millones de euros. Una alternativa que ha ido ganando adeptos. De hecho, durante el pasado ejercicio hubo 9.050 peticiones para optar por esta modalidad. Suma es consciente de las dificultades económicas a las que se enfrenta la población e intenta facilitar los trámites pero, a pesar de ello, un total de 90 millones -sobre los 693 millones recaudados- fueron recogidos por vía ejecutiva.

Los anticipos que Suma viene concediendo de manera habitual a los municipios y a las Comunidades de Usuarios del Agua también evidencian el deterioro de la economía. En concreto, 149 entidades pidieron adelantos al organismo dirigido por Manuel de León por valor de 300 millones de euros durante el último año. Las cuantías también se han disparado hasta el 50% a lo largo de los últimos cuatro ejercicios. En 2009, Suma concedió adelantos con costes de 201 millones mientras que en 2012 la cifra se duplicó. Una prueba más de la falta de liquidez que acusan las arcas municipales. A pesar de los datos negativos que muestra el informe desde la Diputación miran el futuro con optimismo. «En 2013 habrán expectativas positivas. Hay muchos consistorios con superávit», vaticinó Asencio. Cada uno a lo suyo.