El Consell de Alberto Fabra cambiará la ley de Hacienda para imponer un régimen de responsabilidades de los gestores públicos por el descontrol en el gasto. Esto es, por avalar pagos sin tener garantías de una cobertura presupuestaria, candidatos a convertirse en facturas en los cajones. Lo desvela en su último informe Eurostat, la oficina estadística de la Comisión Europea que ejerce un control sobre las cuentas europeas y regionales.
El organismo, que viajó a España en mayo, junio y septiembre, repasa las medidas adoptadas por las administraciones, dedicando una apartado especial a la Comunidad Valenciana y a la de Madrid. Del Consell, celebra las medidas comprometidas, como el Registro Único de Facturas, ya puesto en marcha, o el refuerzo de la Intervención, para añadir: «Se harán cambios en los textos legales de la Ley de Hacienda Pública con el propósito de incorporar los mismos instrumentos y procedimientos requeridos para garantizar la aplicación de la ley de estabilidad presupuestaria».
Y añade: «Incluyendo expresamente un régimen de responsabilidad para los responsables de los distintos departamentos y entidades por la violación de tales normas y principios». Un sistema que castigará a los gestores que gasten más allá de lo consignado, los que se desvíen del cumplimiento del presupuesto. Altos cargos consultados no ocultan su preocupación por el compromiso, que consideran que el Gobierno hará extensible a todas las administraciones en España. Y vinculan su materialización a la negociación con el Ministerio de Hacienda para concretar los términos de la responsabilidad de los gestores. Señalan que el ministro Cristóbal Montoro pretende conectarlo con la ley de Morosidad, que fija un plazo de 30 días para saldar las facturas, pero en el Consell defienden que no se puede imponer esa exigencia sin garantizar la solvencia financiera de la Generalitat vía financiación autonómica, flexibilización del déficit y Plan de Pago a Proveedores.
