El vicepresidente del Gobierno valenciano, José Císcar, ha señalado hoy respecto al futuro político del expresident de la Generalitat Francisco Camps, de cuya dimisión se cumplen mañana dos años, que "Dios dirá".

En la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, Císcar ha recordado que Camps es en la actualidad diputado autonómico del PP en Les Corts Valencianes y miembro del Consell Jurídic Consultiu, y "de momento", según cree, va a permanecer desarrollando su labor en ambos puestos.

"Y respecto del futuro, pues Dios dirá", ha manifestado el vicepresidente, quien ha añadido que él de lo que puede hablar es "del presente".

Camps anunció, el 20 de julio de 2011, su dimisión como president de la Generalitat a raíz de su procesamiento por cohecho pasivo impropio en la llamada "causa de los trajes" del caso Gürtel, del cual resultó absuelto por un jurado popular en el juicio celebrado entre diciembre de 2011 y enero de 2012 en el Tribunal Superior de Justicia valenciano, decisión ratificada por el Supremo en abril.

Por otra parte, sobre la querella presentada contra el conseller de Gobernación, Serafín Castellano, por la Asociación Valenciana contra la Corrupción, Císcar ha insistido en que hay una "clara intencionalidad política" detrás "por la forma en la que actúa".

Preguntado sobre si piensan que detrás está el exconseller Rafael Blasco ha asegurado que no tienen "constancia de ninguna persona en concreto", y ha afirmado que no creen "en las casualidades" y que se trata de una asociación que aparece "en un momento muy concreto", en la que hay "cosas muy extrañas y que no tienen mucho sentido".

Para Císcar, "si de verdad" esa asociación "persigue la corrupción", no debería centrarse solo en dos personas -también han denunciado al president de la Generalitat, Alberto Fabra-, "que además son honestas" y trabajan "todos los días por la Comunitat", sino que hay "muchos puntos en España para actuar".

Ha destacado que, en su poco tiempo de existencia, la asociación ha tenido tres domicilios distintos y ha presentado en Madrid denuncias cuyas competencias están en la Comunitat Valenciana, por lo que hay, a su juicio, "muchos puntos oscuros".