El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) ha pedido a las Cortes que certifiquen que el número 2 del PP en la Comunidad Valenciana y conseller de Gobernación, Serafín Castellano, tiene la condición de aforado como diputado de la cámara autonómica. La instancia judicial quiere de esta forma sentarse a decidir si investiga las adjudicaciones de Castellano al empresario valenciano José Miguel Pérez Taroncher.
La petición a las Cortes es un paso previo a la valoración sobre la admisión a trámite de la querella contra el conseller y número 2 del PP autonómico. El requerimiento fue firmado el pasado miércoles y enviado a la Mesa de las Cortes. En principio, dado que se trata de un hecho objetivo que simplemente hay que acreditar, no será necesario que se reúna este órgano del hemiciclo. Bastará con un escrito de vuelta al tribunal firmado por el presidente y el letrado mayor del Parlamento valenciano, según fuentes de la propia cámara.
Este trámite se produce, precisamente, cuando cargos del PP afines a Castellano han cuestionado la posición del presidente de la Generalitat y del partido en la Comunidad, Alberto Fabra, hacia la gestión de los casos de corrupción. La mano derecha del conseller de Gobernación en su departamento, Asunción Quinzá, mostró en la última reunión de la cúpula regional su preocupación acerca de que, ante las denuncias que se están presentando contra el PP tras la salida de Rafael Blasco del grupo parlamentario, una imputación acabe por llevar aparejada la destitución de un cargo.
Se da la circunstancia de que Quinzá aparece, junto a Castellano, en la querella presentada por la Asociación Valenciana contra la Corrupción en el TSJ el pasado 19 de junio por las adjudicaciones al empresario José Miguel Pérez Taroncher durante su etapa como conseller de Sanidad, Gobernación y Justicia. El citado colectivo atribuye a Castellano, Taroncher y sus respectivas mujeres los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos o negociación prohibida. El empresario ha recibido en los últimos años un aluvión de contratos, principalmente de Sanidad, pero también de Educación y Gobernación. Tres firmas suyas facturaron 7 millones a la Generalitat entre 2000 y 2008, gracias a adjudicaciones "a dedo" en su práctica totalidad.
Al margen de su actividad para el sector público valenciano, la empresa de Taroncher ha sido noticia por obras como reformas en una propiedad de Asunción Quinzá, que dentro de la Conselleria de Gobernación ocupa el cargo de secretaria autonómica. Fue en 2004, año en que el empresario hizo trabajos a la Generalitat por más de 376.000 euros. Los trabajos en casa de Quinzá costaron unos 26.000 euros, y la número dos de Castellano aseguró haberlos pagado. El empresario también hizo obras en casa de María Fernanda Saiz Gallego -la que fuera directora económica en el Hospital La Fe de Valencia- durante los años en que Taroncher facturó a Sanidad casi un tercio de los siete millones en contratos con la Generalitat.
En el año 2007, la empresa de Taroncher realizaba al mismo tiempo trabajos de "refuerzo estructural del pabellón general" del citado hospital valenciano. La Asociación contra la Corrupción, entidad que se ha querellado contra Castellano, pide que María Fernanda Saiz sea citada a declarar como testigo, al igual que Asunción Quinzá.
EU pide la destitución del conseller de Gobernación si al final resulta imputado
La oposición reaccionó ayer al movimiento del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana reclamando la destitución de Castellano. Desde Esquerra Unida, el diputado autonómico Lluís Torró afirmó: "Si se confirma la imputación de Serafín Castellano, Fabra tendrá que destituirlo inmediatamente como conseller y hacerlo dimitir como secretario general del PP en la Comunidad Valenciana".
En opinión de Torró, "la imagen de lucha contra la corrupción que Fabra pretendió dar en algún momento se ha ido por los suelos ante este nuevo capítulo y espectáculos como el de Blasco, que esperamos que no se repitan en este caso y en otros que están pendientes de su resolución en los tribunales", concluyó.
