La gravísima crisis socialista en Alicante -segunda ciudad de la Comunidad y la principal agrupación del PSPV- ya se ha convertido en una guerra global que afecta a toda la estructura interna. Una batalla campal en la que, tras la bronca entre concejales provocada por las luchas personales que han dinamitado a los socialistas, están implicados desde Ferraz a la ejecutiva y el grupo municipal de Alicante pasando por la dirección del PSPV, con Ximo Puig a la cabeza, y la cúpula provincial de David Cerdán.
Todos los ingredientes están ya en la coctelera: Alicante pide a Rubalcaba y a Ximo Puig que aceleren las expulsiones, los ediles críticos siguen enrocados y amagan con los tribunales y la dirección provincial reclama una negociación sin expedientes pero, más allá de eso, desliza la alternativan de montar otra gestora. Todo un espectáctulo.
A Gabriel Echávarri, líder de los socialistas alicantinos, no le ha quedado otra salida que trasladar el conflicto a Madrid y Valencia. ¿Objetivo? Evidenciar que no se trata de un problema local sino de una fractura que tiene también un impacto directo sobre el futuro de Ximo Puig tanto en las primarias para elegir aspirante del PSPV al Consell como, de lograr la candidatura, en los comicios de 2015.
Después de más dos horas de intensa reunión con intervenciones durísimas contra los ediles críticos, la dirección local reclamó la intervención de Ferraz y Blanqueries para que resuelvan cuanto antes los expedientes abiertos hace una semana en los que se solicitaba la suspensión de los díscolos -María José Adsuar, Alejandro Parodi, Gabriel Moreno y Elena Martín- tras la ruptura del grupo socialista durante la votación de una moción sobre el plan urbanístico de Alicante. "El partido es el que tiene que actuar. El tema esta ya fuera del ámbito local, en manos de la dirección del PSPV y de Ferraz, que emitieron sendas resoluciones anulando el cambio de portavoz. Que adopten las medidas que se tengan que adoptar. La gente espera que demos soluciones, no un circo", explicó Lalo Díez, vicesecretario y portavoz de la ejecutiva, al término de la reunión.
La dirección también avaló a Miguel Ull como su portavoz en el Ayuntamiento de Alicante y respaldó a Loles Fernández y al secretario comarcal, Manuel Marín, los tres ediles apartados por los críticos de la dirección del grupo municipal; frente a la decisión de los díscolos de colocar a María José Adsuar al frente del grupo. La ejecutiva local de Alicant pidió una "rectificación" a la indisciplina. Pero las posiciones, sin embargo, son inamovibles. Poco antes de las once de la mañana y con la tensión que se podía cortar en el grupo municipal, de hecho, Ull, como portavoz avalado por la cúpula socialista, emplazó a María José Adsuar, elegida por los díscolos, a deponer su actitud. No lo hizo. Todo lo contrario: le amenazó con los juzgados. "Tengo tiempo y dinero para hacerlo", le espetó Adsuar. Los críticos esperan un resultado favorable del informe del secretario municipal para hacerse fuertes al tiempo que también mantienen algún contacto con Ferraz, que, al final, tiene en su mano la decisión de expulsarles.
En una calculada ambigüedad pero sin ocultar sus simpatías por los díscolos, el secretario provincial David Cerdán, en los pasillos de la Diputación, apostó por abrir una negociación sin la presión de los expedientes -"si se llega a un pacto luego se pueden quedar en una sanción mínima", detalló- y no descartó, a preguntas de los periodistas, ni la opción de la gestora ni de disolver la agrupación de Alicante.
"Son opciones que están ahí pero lo principal es negociar", subrayó Cerdán que fue blanco de duros ataques durante la ejecutiva local de Alicante por su posición en el conflicto. Puig, mientras, trata de navegar y, pendiente de sus primarias, no quiere buscarse enemigos. "Diálogo y democracia", aseveró el líder del PSPV que vincula las decisiones que se tomen al resultado de la asamblea local del 20 de julio. Más conflicto.
Los munícipes que se queden fuera del grupo no tendrán retribución
Los concejales del PSOE que abandonen el grupo municipal socialista, o sean obligados a dejarlo por ser expulsados del partido, podrán seguir como ediles del Ayuntamiento de Alicante pero no tendrán derecho a retribución, salvo por la asistencia a los plenos, ni podrán formar un nuevo grupo político.
Frente a situaciones de anteriores mandatos municipales, en los que los concejales que abandonaban su formación constituían el grupo mixto, con derecho a dedicación exclusiva, despacho, personal asesor y representación en las comisiones informativas, la actual situación ha cambiado radicalmente en virtud de la aplicación de la ley antitransfuguismo. Así, los ediles que dejen o sean expulsados del grupo por el que fueron elegidos tendrán la consideración de "miembros no adscritos", tal como se recoge en el Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento (ROP). Estos miembros no adscritos no podrán integrarse en un grupo político, "no tendrán asignación fija ni variable" y "no podrán disfrutar del régimen de dedicación exclusiva, ni dedicación parcial", según el artículo 53 del ROP. Además, añade el ROP "perderán los puestos que ocuparen en las comisiones" municipales. Su intervención en el pleno, además, será a título individual y por un tiempo mínimo. M. D.
