La primera de la media docena de piezas que investiga el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad (TSJ) relacionadas con la rama valenciana de Gürtel ya está a punto para la celebración de la vista. Con un auto de 40 folios, el juez José Francisco Céres decretó la apertura de juicio oral contra las exconselleras Milagrosa Martínez y Angélica Such -ambas diputadas en las Cortes- y otros once imputados, entre ellos todos los cabecillas de la trama incluidos Francisco Correa y El Bigotes junto a altos funcionarios de Turismo, por las adjudicaciones de los stands de la Comunidad en Fitur a las empresas de la red Gürtel. El decorado, sin embargo, es muy diferente para los tres políticos implicados. El juez solicita para Milagrosa Martínez, a la sazón alcaldesa de Novelda y a la que acusa de cuatro graves delitos, una fianza de 636.500 euros, que tendrá que depositar en diez días; mantiene la acusación de prevaricación contra Angélica Such pero la libera del cohecho y de ejercer influencia a los funcionarios; y, finalmente, archiva la acusación contra Vicente Rambla, al considerar, como señaló en su día a Anticorrupción, que los indicios son "muy débiles".

El magistrado envía al banquillo a Martínez por los delitos de prevaricación, malversación y fraude, cohecho y tráfico de influencias. La Fiscalía solicita para la expresidenta de las Cortes once años de prisión y 34 de inhabilitación por los contratos de Fitur con la red Gürtel entre 2005 y 2007. También a su sucesora en Turismo, la citada Angélica Such, para la que la acusación pide nueve años de inhabilitación. A los principales cabecillas de la trama -Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez "El Bigotes"-, que se enfrentan a penas de entre 11 y 6 años con fianzas, también a depositar en plazos diez días, de 651.000 euros. A funcionarios como Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de Turismo y condenado en la causa de los trajes; Isaac Vidal, ex jefe del área de Mercados de la Agencia Valenciana de Turismo (AVT); Jorge Guarro, jefe del Servicio de Promoción de la AVT y Ana Grau, coordinadora de Ferias de la AVT, para los que se piden diversas penas de prisión e inhabilitación y fianzas, respectivamente, de 645.000 euros, 540.000, 230.000 euros y, finalmente, de 137.000. También se sentarán en el banquillo de los acusados otro empleado de Turismo y dos trabajadoras de la trama corrupta.

De forma global, el juez les acusa de prevaricación, malversación, enriquecimiento injusto, cohecho, tráfico de influencias, falsedad e infidelidad en la custodia de documentos. Ya sólo queda fijar la fecha para el juicio, que podría durar dos meses. En el auto, el juez detalla el supuesto amaño de los contratos de Fitur a favor de Orange Market, una mercantil de la trama de Correa que, poco tiempo después de su creación, ya se hizo con la adjudicación para organizar en 2005 la presencia de la Comunidad en la feria turística durante la etapa de Milagrosa Martínez como conselleria y su jefe de gabinete Rafael Betoret. El magistrado considera que ambos ejercieron influencia sobre los funcionarios de Turismo encargados de marcar los criterios de las contratas, que el auto considera que se redactaron "ad hoc" y como un traje a medida que conducía a la contratación de la firma que dirigía El Bigotes, al que la propia resolución conocida ayer cita como amigo de notables del PP como Francisco Camps, Ricardo Costa o Víctor Campos. El juez recalca que los acusados incluso facilitaron dos borradores de los pliegos de condiciones a Orange Market. También se pactaron otras adjudicaciones como el almuerzo de Ifema, cuatro ferias de turismo y adjudicaciones de la Conselleria de Territorio. Incluso, el magistrado alude a una factura de 12.000 euros en consumiciones durante una fiesta en un local de Madrid durante la feria turística.

José Ceres sugiere en el auto que todo continuó igual cuando Angélica Such llegó a Turismo en julio de 2007, aunque la exculpa de influenciar a los funcionarios. Sobre Rambla, al que únicamente acusaban los socialistas valencianos, el auto reconoce su amistad con El Bigotes y que recibió regalos pero, en cualquier caso, no queda acreditado que ejerciera influencia para que se adjudicaran los contratos.