Tras la expulsión de Blasco del PP

El Consell denuncia una campaña de descrédito a Fabra

Císcar dice que «no es una casualidad» al ser preguntado por la denuncia contra el presidente por 2 contrataciones

01.07.2013 | 08:23
Serafín Castellano y José Císcar, ayer en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell.
Serafín Castellano y José Císcar, ayer en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell.

Esa cuestión se producía escasos días después de que el partido renegara del exconseller «Seguiremos con la política de tolerancia cero contra la corrupción», avisa

El PP está convencido de que no le saldrá gratis la expulsión de Rafael Blasco del partido y su salida del grupo parlamentario de las Cortes. El vicepresidente del Consell, José Císcar, denunció ayer que se ha iniciado una campaña de descrédito hacia el presidente, Alberto Fabra, justo en el momento en el que el exconseller de Solidaridad ha sido apartado del PP. «Yo no creo en las casualidades», sentenció, lacónico, durante su tradicional comparecencia de los viernes tras el pleno del Consell. El número dos de la Generalitat valoró así la denuncia que interpuso este jueves contra Fabra la Asociación contra la Corrupción. El colectivo, presidido por el empresario Enrique Soriano, quiere llevar al presidente a los tribunales por la contratación de dos asesores en 2011, durante su etapa al frente del Ayuntamiento de Castellón. Pese a que sus salarios los abonaba el consistorio de la Plana, ambos desempeñaban su labor diaria en la sede del PP, según la entidad. El colectivo, además, presentó ese mismo día otra denuncia contra el conseller de Gobernación, Serafín Castellano, por «enchufar» a 31 familiares y amigos.
¿Existe preocupación en el seno del partido por el recorrido judicial que puedan tener estos dos procedimientos? Ninguna. Por lo menos, eso reiteró Císcar. «El presidente está absolutamente tranquilo, con más fuerza para seguir trabajando todos los días por los valencianos y por lo que preocupa a las personas», proclamó.

También se mostró convencido de que las dos denuncias se terminarán archivando y criticó la opacidad que envuelve a la asociación. Incluso se preguntó que cómo es posible que, pese a su reciente creación, haya fijado su domicilio ya en tres direcciones distintas, tal y como informó este diario en su edición de ayer. «Una asociación que dice luchar contra la corrupción debe ser transparente. Tendría que explicar quiénes son sus miembros y por qué tienen tres domicilos. Hay muchos puntos oscuros en ella», apostilló.

Císcar no se atrevió a señalar a nadie en concreto, pero sí dejó entrever que alguien a nivel interno se ha sentido molesto por la «tolerancia cero» de Fabra con la corrupción. «Yo no creo en las casualidades», reiteró de nuevo en alusión a la coincidencia en el tiempo de la expulsión de Blasco del partido y la denuncia contra el presidente del PPCV. Y añadió: «Esto no quiere decir que nos refiramos a una persona en concreto. No tenemos ninguna constancia respecto de personas, pero no creemos en las casualidades por el momento temporal en que las cosas se producen».

La salida del exconseller de Solidaridad, al que la Abogacía de la Generalitat pide 11 años de cárcel por el presunto desvío de fondos en subvenciones para el Tercer Mundo, focalizó buena parte de la comparecencia de Císcar. El vicepresidente diferenció el caso de Cooperación de otros procedimientos por la «alarma social» que ha generado y, al igual que hizo Fabra en la sesión de control del jueves y en la reunión interna del grupo del miércoles, lanzó un aviso a navegantes: «El presidente tiene claro que su política de tolerancia cero desde el minuto uno contra la corrupción va a seguir. Su firmeza ante cualquier caso de corrupción va a continuar exactamente igual», afirmó, en relación a dónde estará fijada la «línea roja» para que abandonen el grupo parlamentario los ocho imputados que aún quedan en él.

Desde el PP, por otro lado, quisieron matizar ayer que el PSPV sí tiene imputados en la Diputación: Jaume Pascual, por un presunto delito de malversación al no justificar debidamente el pago de un millón de euros; y Raúl Valerio, también por malversación y por su votación sobre una parcela cuando era edil de Bigastro.

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