En plena tormenta por la salida de Rafael Blasco del grupo parlamentario del PP en las Cortes, el jefe del Consell, Alberto Fabra, volvió a lanzar ayer, por segundo día consecutivo, un serio aviso a los ocho imputados que aún pueblan la bancada popular. Durante la sesión de control en la Cámara autonómica, el presidente les trasladó que deberán renunciar a su escaño si el magistrado que instruye sus respectivas causas decide abrirles juicio oral. Lo hizo en dos ocasiones. Ambas, de manera implícita. "Aquellos dirigentes inmersos en temas judiciales han sabido apartarse del partido y de las responsabilidades dentro del grupo. Eso va a seguir siendo así", respondió al síndic de Compromís, Enric Morera. Minutos más tarde, Fabra elevó el tono y fijó el momento exacto en el que los imputados deberán dar un paso atrás. "Las personas que están inmersas en procesos judiciales no pueden representar al gobierno, al grupo popular, ni al partido", explicitó. Su discurso no dejó margen a la duda.
Aunque no es la primera vez que se postula en estos términos, el hecho de que lo hiciera ayer cobra especial relevancia. ¿Por qué? Porque fue en su primera intervención en público tras la salida de Blasco del grupo. El propio Fabra admitió este miércoles en una reunión interna que le ha afectado el proceso para expulsar al exconseller del grupo parlamentario, al que la Abogacía de la Generalitat pide 11 años de cárcel por el supuesto desvío de fondos de ayudas para el Tercer Mundo. La cúpula del PP quería evitar una votación a toda costa -habrían aflorado así las discrepancias internas- y valoró la posibilidad de "burlar" el reglamento interno de la Cámara para apartar al exportavoz popular. Al final, fue el propio Blasco el que cedió al quedarse sin apoyos. Registró un escrito ante la Mesa y solicitó su paso al grupo de no adscritos.
Fabra no está dispuesto a que se repita esa situación. Aunque siempre ha diferenciado el caso de Blasco del resto por la "alarma social" que genera, el jefe del Consell quiso avisar ayer a los imputados del lugar exacto en el que ha fijado la "línea roja" para ellos: la apertura de juicio oral. Lo dijo el miércoles en el cónclave interno y lo reiteró ayer en público. Si se produce ese hecho, el partido les pedirá que dimitan por voluntad propia y acceda así al hemiciclo el siguiente en la lista. Ahora bien, ¿qué ocurriría si alguno de los imputados se niega a perder su escaño? Fabra se toparía con un serio problema. Tras la salida de Blasco, el grupo popular lo conforman 54 diputados. Si cinco de ellos se aferran al sillón pese a una hipotética apertura de juicio y acaban en el grupo de no adscritos, el PP perdería la mayoría absoluta en las Cortes. De ahí que el jefe del Consell intente cercenar de raíz esa posibilidad. Si hay juicio oral, deberán dimitir. Esa es su intención.
La corrupción focalizó ayer la sesión de control al presidente. Los tres síndics parlamentarios del PSPV, Compromís y EUPV, Antonio Torres, Enric Morera y Marga Sanz, respectivamente, censuraron la tibieza de Fabra a la hora de apartar a los imputados en las Cortes. El jefe del Consell, por el contrario, presumió de "contundencia" y aseguró que "ningún otro partido" ha adoptado sus niveles de "ejemplaridad". El presidente señaló además que la "línea roja" que ha marcado contra la corrupción "se ha cumplido a rajatabla".
Tijeretazo del 50% en el gasto de las entidades consultivas
El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, anunció ayer en las Cortes que el pleno del Consell aprobará esta mañana varios proyectos de ley que permitirán reducir en un 50% los costes de funcionamiento de las instituciones consultivas y normativas del Consell. Según recoge el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, estas entidades son el Consell Valencià de Cultura, la Acadèmia Valenciana de la Llengua, el Consell Econòmic i Social y el Consell Jurídic Consultiu. EFE
