Denuncian a Fabra por dos contrataciones y a Castellano por nepotismo

Un colectivo contra la corrupción asegura que el jefe del Consell contrató de manera irregular a dos asesores

28.06.2013 | 09:12
Tres direcciones distintas. La asociación ha fijado su nueva sede en un edificio de la Avenida Cortes Valencianas de Valencia (a la izquierda) donde, según Soriano (arriba, durante la rueda de prensa), comparten espacio con otras personas. «No solemos estar porque todos trabajamos en otras cosas», se adelanta. También figura un fijo con el que no se puede conectar. En la primera dirección que aparecía en la web había un despacho de abogados que se desvinculó. A la confusión se añade una tercera dirección en la denuncia que, según Soriano, corresponde al domicilio inicial.
Tres direcciones distintas. La asociación ha fijado su nueva sede en un edificio de la Avenida Cortes Valencianas de Valencia (a la izquierda) donde, según Soriano (arriba, durante la rueda de prensa), comparten espacio con otras personas. «No solemos estar porque todos trabajamos en otras cosas», se adelanta. También figura un fijo con el que no se puede conectar. En la primera dirección que aparecía en la web había un despacho de abogados que se desvinculó. A la confusión se añade una tercera dirección en la denuncia que, según Soriano, corresponde al domicilio inicial.

La llamada Asociación contra la Corrupción en la Comunidad Valenciana volvió ayer a la carga y anunció una denuncia dirigida a la Fiscalía Anticorrupción de Madrid contra el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, y el alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad documental por el nombramiento en junio de 2011 de dos asesores para dos puestos de trabajo en el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Castellón y que, según los denunciantes, trabajan en realidad en la sede del Partido Popular.

La iniciativa, que apunta a lo más alto, generó ayer revuelo en el PPCV no tanto por el contenido o el posible recorrido de la denuncia, sino por su destinatario. Los populares creen que el hecho de que se rescate un caso de hace años demuestra la intencionalidad de la entidad que, remarcan, es totalmente opaca. La contratación ya fue denunciada por el Bloc en el Ayuntamiento y fue motivo de debate en un pleno cuando Fabra era alcalde. Entonces, el concejal de Hacienda, Juan José Pérez Macián, replicó al edil del Bloc que «lo importante es que trabajen, estén donde estén».

Los denunciantes se acogen al decreto firmado por Fabra el 20 de junio de 2011 apenas una semana antes de llegar al Palau de la Generalitat y ratificado después por su sucesor en el que se contrata a dos eventuales. La cuestión es que, según sostiene la entidad, estas personas «en ningún momento ejercen función alguna en el consistorio, a favor del organismo ni autoridad alguna, sino que prestan sus servicios en la sede del PP en Castellón, percibiendo sus emolumentos a cargo del erario público». Por ello se solicita, la declaración de una treintena de testigos que, afirman, pueden atestiguar estos hechos. La asociación aprovecha para enarbolar su discurso contra la corrupción y hace referencia a la indignación de los ciudadanos.

Fuentes de Presidencia resaltaron ayer que la actuación del presidente Fabra ha sido siempre «limpia, clara, honesta y ajustada a la legalidad» y resaltaron que esa denuncia no va dirigida contra la corrupción sino que «es consecuencia de la política de tolerancia cero que lidera Fabra contra la corrupción». «Es evidente señalaron otras fuentes que hay a quien le escuece la mano dura de Fabra».

La denuncia contra el jefe del Consell no fue la única. El colectivo también prtesentó otra contra el conseller de Gobernación y secretario general del PPCV, Serafín Castellano, en este caso por los supuestos delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos por presuntamente haber utilizado sus cargos en el Consell para favorecer el acceso a la función pública de familiares, amigos y afiliados del PP en Benissanó, localidad natal de Castellano.

La denuncia por nepotismo, que identifica 31 posibles casos de enchufismo en distintas consellerias e instituciones públicas, fue anunciada ayer en una rueda de prensa en Madrid en la que compareció el presidente de la entidad, Enrique Soriano, y el secretario general del sindicato Manos Limpias, Miguel Bernad.

El caso Taroncher
La asociación saltó a primera plana hace una semana cuando el TSJ de la Comunidad Valenciana informó de que había recibido una querella contra Castellano por las contrataciones al empresario amigo, Pérez Taroncher. La ofensiva judicial, así como el secretismo que rodea a la entidad, disparó las elucubraciones en la cúpula del PPCV que vincula la querella con las luchas internas. En su día, Soriano, en declaraciones a este diario, aseguró que detrás de la entidad había empresarios de Castellón y negó su vinculación con cargos del PP, en concreto, con el exconseller Rafael Blasco, a quienes muchos en el PP apuntaban. Soriano, un empresario especializado en el sector de la maquinaria pesada, avanzó también dos querellas más. Ayer las dio a conocer el mismo en la capital: Castellano repite como destinatario; mientras que la segunda denuncia es contra Fabra.

La denuncia a Castellano a la Fiscalía del TSJ la relacionada con los contratos con Taroncher fue una querella recoge una relación de personas que desde 2008 fueron contratadas por la Administración local y autonómica. La lista incluye contratos en las consellerias de Sanidad y Gobernación; la Federación Valenciana de Municipios y Provincias; el Centro de Emergencias 112, el Ayuntamiento de Benissanó, el IVAJ; el Emtre, la Banda Municipal de Valencia; la empresa Imelsa (dependiente de la Diputación) y el grupo parlamentario popular. En la mayoría de ellos y a lo largo de su trayectoria política Castellano ocupó cargos de relevancia. La lista de supuestos enchufados es variada.

«Es evidente que la posición privilegiada y de superioridad del denunciado ha resultado decisiva para la contratación masiva de personas relacionadas con él a nivel familiar, político o de amistad, vulnerando con ello el principio de imparcialidad de la Administración», dicen los denunciantes, que concluyen que existen indicios razonables de encontrarnos ante contrataciones irregulares. Los denunciantes aprovechan también para incluir en su escrito una soflama contra la corrupción. Así, achacan a Castellano «un absoluto desprecio a la función que representa y a los ciudadanos», al tiempo que recuerdan que mientras se hacen recortes, el conseller premia supuestamente a familiares.

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