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Rafael Blasco se encuentra desde ayer fuera del Partido Popular. El comité de derechos y garantías del PPCV se reunió ayer por la mañana con carácter de urgencia y acordó por unanimidad, tras casi cuatro horas de intenso debate, abrirle un expediente disciplinario por cometer infracciones "graves y muy graves"; suspenderle de militancia de manera cautelar; y apartarle del grupo parlamentario de las Cortes. ¿Por qué ha adoptado el partido esta decisión? No por el contundente escrito de calificación de la Abogacía de la Generalitat que le pide 11 años de cárcel por haber desviado presuntamente fondos que iban destinados al Tercer Mundo. Tampoco por estar imputado por tráfico de influencias, prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad documental en el caso Cooperación.

La gota que ha colmado el vaso ha sido las palabras que el exconseller de Solidaridad y hasta ahora diputado del PP en las Cortes pronunció el pasado miércoles en el programa de televisión "El Cascabel al gato", de 13 TV. En la entrevista, el exsíndic popular en la Cámara autonómica acusó a la Abogacía de la Generalitat de recibir "consignas" para actuar contra él. Además consideró "insólito y sin precedentes" el informe elaborado por los letrados del Consell, mostró su "perplejidad" por el escrito de calificación de los abogados y llegó a tildar de "melindres" a los dirigentes del PP.

Esas respuestas sentaron a cuerno quemado en la calle Quart de Valencia, el bastión de los populares valencianos. Si a alguien escocieron especialmente, fue al presidente del partido y jefe del Consell, Alberto Fabra, que vio cuestionada su autoridad en un programa difundido a nivel nacional. Las reacciones se sucedieron desde entonces. El jueves, el propio Fabra anunció en la junta provincial del PP de Valencia que el partido estudiaría sus palabras "para ver si son constitutivas de algún tipo de sanción". Un día después, su número dos en la Generalitat, José Císcar, fue más allá e incluso avisó de que el PP ya estaba tramitando su expulsión como militante. Y ayer, dos años y un mes después de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana abriera las investigaciones por el presunto fraude en las subvenciones para el Tercer Mundo, el PPCV puso la puntilla al exconseller. Tardó menos de 72 horas desde que se emitió la polémica entrevista televisiva con el exconseller.

El comité de derechos y garantías de los populares valencianos le asestó tres rejonazos. El primero, "incoar expediente disciplinario contra Rafael Blasco por la comisión de infracciones tipificadas como graves y muy graves", según reza el comunicado remitido desde la dirección regional del PP. Una vez abierto el procedimiento, el comité nombrará un instructor en los próximos días (deberá ser licenciado en Derecho) que se encargará de tramitar todo el proceso, tal y como marcan los Estatutos nacionales del PP. Propondrá el pliego de cargos, emplazará a Blasco a defenderse en un plazo de 15 días y, por último, elevará su dictamen al comité de derechos y garantías regional, que emitirá la resolución final que podría conllevar la expulsión definitiva del partido.

El aval de Génova

La segunda cornada contra el exsíndic fue "adoptar como medida cautelar la suspensión de militancia". Ese acuerdo, sin embargo, debe recibir ahora el aval de Génova. Al ser aforado, la última palabra sobre Blasco la tiene el comité nacional de derechos y garantías. Es decir, Madrid. Desde la calle Génova, no obstante, ya han dado su aval para suspenderle temporalmente de militancia.

El tercer puyazo, y el de más carga de profundidad, fue "adoptar como medida cautelar la inhabilitación para desempeñar cargos públicos en el seno del Partido Popular o en representación de éste a Rafael Blasco", según se explicita en el comunicado remitido por el PPCV.

Esas palabras no son baladí. Aunque en teoría se ha adoptado ese último acuerdo para evitar el veredicto del grupo parlamentario de las Cortes, a Fabra no le queda más remedio que someterse a él. Para expulsar a Blasco del grupo, el jefe del Consell necesita que 28 de los 55 diputados populares en la Cámara (una mayoría absoluta) voten a favor de su salida. Aunque a priori ese número de sufragios los conseguirá, y de manera abultada, volverán a aflorar en breve las tensiones internas del partido en las Cortes. Porque no hay que olvidar que en su bancada, una vez que se consume el "traslado" de Blasco al grupo de no adscritos, seguirán quedando ocho imputados. Casi nada.

Ayer por la tarde, en plena tormenta mediática por su suspensión de militancia, Blasco no se escondió. Atendió las llamadas telefónicas que se le realizaron y anunció que recurrirá los tres acuerdos que adoptó ayer el comité de derechos y garantías. Además, tal y como ha venido reiterando durante las últimas semanas, volvió a defender que no dejará su escaño: "No pienso renunciar al acta en las Cortes".