En medio de un oscuro callejón del que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, se muestra incapaz de encontrar la salida, José Císcar, número dos del Consell y su escudero preferido para lanzar los mensajes con más carga de profundidad, subió ayer un poco más el termómetro de la presión contra Rafael Blasco, convertido, a día de hoy, en el principal quebradero de cabeza del PP después de que la Abogacía de la Generalitat solicitara para el exconseller once años de prisión por la red de Cooperación. Císcar dejó claro que el antiguo síndic popular en las Cortes tiene fecha de caducidad -Fabra lo sigue manteniendo en el grupo del PP aunque ya ha asegurado que lo echará al grupo de no adscritos cuando se abra juicio oral- y que, además, se está preparando su expulsión como afiliado por sus ataques a Fabra y a la independencia de los servicios jurídicos del Consell, que el propio José Císcar calificó de "muy graves".

Ya el pasado jueves, durante la reunión de la Junta Provincial del PP en Valencia, el jefe del Consell, Alberto Fabra, abrió la puerta a que el partido sancionara al exsíndic por sus manifestaciones. Los socialistas se quejaron ayer, sin embargo, de que los populares quieren aplicar mano dura contra Blasco por unas declaraciones mientras que, hasta ahora, han evitado inquietarle a pesar de la investigación por corrupción de la red de Cooperación. Ayer, Císcar fue más explícito sobre las intenciones de la cúpula autonómica popular al subrayar, durante su habitual rueda de prensa posterior a la reunión del Consell, que los estatutos del PP contemplan incluso la expulsión del partido en los casos de infracciones muy graves. Con posterioridad, el líder popular en Alicante añadió que, en su opinión, esas manifestaciones de Rafael Blasco son "muy graves".

El comité de derechos y garantías del PP, según explicó Císcar, estudiará si esas declaraciones son constitutivas de algún tipo de infracción. Para el vicepresidente del Consell, las afirmaciones de Blasco son "totalmente erróneas" y agregó que el diputado del PP, aunque sin citarlo en esta referencia concreta, "falta a la verdad". Así, José Císcar defendió la "total independencia y profesionalidad" de la Abogacía de la Generalitat, que actúa siguiendo criterios jurídicos. "Supone una falta de respeto decir que el Consell influye en sus decisiones", vino a zanjar. La intervención del número dos de Fabra en el Gobierno evidencia que, en estos momentos, el divorcio entre la dirección del PP y Blasco es total y absoluto. Nadie duda de que el exconseller inaugurará el grupo de no adscritos. En Génova reclaman, al menos en el caso de Blasco, una solución a Fabra para evitar el notable deterioro que está sufriendo la imagen del PP. Pero el jefe del Consell lleva semanas dándole vueltas a la situación y con una indefinición que exaspera a los populares.

Fabra ya ha anunciado que echará a Blasco del grupo de las Cortes cuando se decida la apertura de juicio oral, algo que está en manos del TSJ. Pero, precisamente, el proceso podría tomar velocidad con el expediente disciplinario. Una hipotética retirada de del carné de militante aceleraría el proceso de expulsión del grupo de las Cortes. El portavoz del Consell defendió a Serafín Castellano -contra el que una asociación ha presentado una denuncia por las adjudicaciones que realizó a la empresa de un amigo íntimo- y separó la investigación de la red de Cooperación de la de otros casos de corrupción como Gürtel. "Genera especial alarma social", aseveró. Es por eso, dijo, que la Generalitat decidió personarse judicialmente y presentar un escrito de calificación con el que pide penas de cárcel para el exconseller, "algo que tampoco se da en otros casos". "Ese es el hecho diferencial que hay con Blasco respecto a cualquier otro caso en la Generalitat", agregó.

Declaran insolvente una entidad investigada por la trama de las ONG

Un juzgado de Valencia ha declarado insolvente a la Fundación Hemisferio -investigada en la trama de Cooperación-, que adeudaba 5.825,39 euros a una extrabajadora del centro por el despido, los intereses y las costas. Así lo recoge este viernes el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), que concreta que esta declaración de insolvencia se entenderá a todos los efectos como provisional hasta que se le conozcan bienes o se realicen los embargados. Se ordena publicar esta declaración de insolvencia en el Registro Mercantil correspondiente y librar a tal efecto aunque, según consta en el edicto, contra la resolución cabe recurso. efe