Gürtel, Brugal, el "caso Blasco", Emarsa, los escándalos de Carlos Fabra... y ahora Nóos. El último gran caso de corrupción que ha azotado al PP de la Comunidad Valenciana ha hecho saltar todas las alarmas en la calle Quart. La demoledora exposición razonada que ha trasladado el juez José Castro al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad atribuyendo cuatro graves delitos a Francisco Camps y Rita Barberá se ha convertido en el colmo de los males que le faltaba al partido. La situación -y sobre todo la imagen- del PP valenciano no se ha encontrado tan lastrada desde que Eduardo Zaplana asumió el timón de la Generalitat. Y de aquello hace ya 18 años. Casi nada.

Pero ahora, con las arcas del Consell asfixiadas, los impagos a la orden del día, un grupo parlamentario en las Cortes con nueve imputados por corrupción (de momento) y, encima, con la losa añadida de los recortes que está aprobando el Gobierno central, la erosión que sufre la marca PP es un hecho constatado. Y Nóos se ha convertido ahora en la "guinda". Ya no tanto por la más que probable imputación del expresidente Francisco Camps y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá -que también-, sino por la repercusión mediática que está teniendo el caso. Los "turbios" negocios que el yerno del rey, Iñaki Urdangarin, fue tejiendo en Baleares y la Comunidad se mencionan a diario en medios de comunicación locales, provinciales, autonómicos, nacionales... e incluso internacionales. Urdangarin copa horas de radio, cientos de páginas de periódicos y decenas de minutos en televisión. Día tras día. Y junto a él va aparejada la imagen del PP y de la Comunidad.

El desgaste del partido es evidente. "Es obvio que la implicación de la Casa del Rey en este caso nos hace mucho daño", resumió ayer un reconocido cargo del PP. Existe temor por los "juicios paralelos", aunque algunos dirigentes consultados creen que, a diferencia de otros procesos, este asunto terminará quedando "en nada". De momento, el auto que el juez José Castro ha remitido al TSJ de la Comunidad apunta todo lo contrario. Tal y como informó este diario en su edición de ayer, el magistrado vincula a Camps y Barberá con delitos de fraude, falsedad, prevaricación y malversación de caudales públicos por los negocios que cerraron con el duque de Palma entre 2004 y 2006, y que le reportaron más de tres millones de euros limpios. De acuerdo con el Código Penal y los artículos que se citan en la exposición razonada del juez, estos delitos acarrearían penas de hasta seis años de prisión y diez de inhabilitación. El magistrado les acusa de "doblegarse" ante Urdangarin y de vulnerar la legislación sobre contratación pública a la hora de adjudicar al Instituto Nóos -presidido entonces por el yerno del rey- la organización de tres ediciones de un foro deportivo (el Valencia Summit) y de unos Juegos Europeos que nunca llegaron a celebrarse.

Ahora, el TSJ valenciano es el que deberá decidir si se declara o no competente para asumir la investigación. En caso afirmativo, tendrá que nombrar a un instructor que es el que podría proponer la imputación del exjefe del Consell y la primera edil de Valencia. Si se alcanzara ese extremo, la bancada popular en las Cortes pasaría a tener 11 imputados y los tres alcaldes de las capitales de provincia se encontrarían encausados en procesos de corrupción. La propia Barberá en Valencia por Nóos; Sonia Castedo en Alicante por el supuesto amaño del Plan General de Ordenación Urbana en favor del constructor Enrique Ortiz (imputado también en el caso Brugal); y Alfonso Bataller en Castellón por haber adjudicado supuestamente a dedo contratos a Orange Market, la matriz de la trama Gürtel en la Comunidad.

Magistrados tachan de "intolerable" el ataque de Barberá

Joaquim Bosch, portavoz nacional de Jueces para la Democracia, advirtió ayer que el ataque de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, al magistrado del caso Nóos, José Castro, es "inadmisible". Bosch lamentó que Barberá descalificara públicamente a Castro tras conocer los motivos por los que el juez considera que hay indicios de que ha podido cometer junto al expresidente Francisco Camps cuatro delitos por las adjudicaciones a Urdangarin. La alcaldesa recriminó al juez del caso Nóos por "falta de rigor", "juicios de valor" y "falsedades".

Bosch apuntó que "no es admisible que los políticos solo respeten las decisiones judiciales cuando no les afectan. La resolución de José Castro está motivada". r. ferrando