Cuatro graves delitos penados con cárcel e inhabilitación atribuye el juez José Castro -instructor del caso Nóos en Palma de Mallorca- al expresidente de la Generalitat, Francisc0 Camps, y a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, por los negocios que Iñaki Urdangarin, duque de Palma y esposo de la Infanta Cristina, le "sacó" a instituciones de la Comunidad y que habrían reportado al Instituto "sumas ilícitamente lucradas" por un importe superior a los tres millones. En un demoledor y durísimo auto con el que la rama valenciana de Nóos llega al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), el magistrado da por hecho que los "convenios" y "subvenciones" que se otorgaron sin concurso al organismo que presidía el duque de Palma vulneran por completo la legislación sobre contratación pública y, además, que Camps, entonces en la Generalitat, y Barberá se "doblegaron a las exigencias" de Urdangarin por su "parentesco" con el Rey Juan Carlos.

En la exposición razonada, un detallado documento de 71 páginas con el que Castro se inhibe y remite el caso a Valencia dada la condición de diputados de los dos dirigentes del PP, el magistrado liga a Francisco Camps y a Rita Barberá con "participación delictiva" por fraude, falsedad, prevaricación y malversación de fondos públicos. De acuerdo con el Código Penal y a los artículos que se citan en el auto, estos delitos supondrían penas de hasta seis años de prisión y diez de inhabilitación. La decisión queda ahora en manos del TSJ que, si procede, debe declararse o no competente para asumir la investigación y, a partir de ese momento, nombrar un instructor encargado de proponer, llegado el momento, la imputación de los dos dirigentes del PP, con lo que la bancada popular de las Cortes quedaría en una situación aún más precaria. La contundencia de la resolución, en todo caso, deja a Camps y Barberá al borde de la imputación.

El magistrado José Castro divide su relato sobre los negocios de Nóos en la Comunidad en cuatro partes: los convenios para la celebración de un foro deportivo -conocido como Valencia Summit- por los que el duque de Palma, en tres ediciones entre 2004 y 2006, se llegó a embolsar más de 3 millones de dinero público, que en gran medida, como apunta el auto, dejó sin justificar y que se fraguaron durante un encuentro en La Zarzuela, escenario elegido para ejercer "mayor impacto psicológico" sobre Camps y Barberá en el primer gran negocio que Urdangarin se jugaba en la Comunidad; el proyecto de los Juegos Europeos, en el que la Generalitat enterró 382.000 euros pese a que nunca se celebraron y en el que gracias, según Castro, a la actitud valiente de un alto cargo se rechazó el abono de cantidades, sin justificar, por importe de dos millones; el intento, ya en 2008, de organizar unos Juegos de la Juventud, iniciativa al final desechada por el Consell después de varios contactos; y, finalmente, el análisis de facturas de los negocios de Urdangarin en la Comunidad que se pagaron pero que, por contra, en su mayoría, no tienen soporte documental.

Entre los ataques de Barberá al magistrado -le llamó ayer mentiroso por un relato con argumentos, según ella, repletos de "falsedades"- y el silencio de Camps, el hilo conductor del auto pasa por la ilegalidad total y absoluta de las contrataciones y por un sistema de adjudicación que se basaba, exclusivamente, en atender las peticiones de Urdangarin simple y llanamente por su condición de yerno del Rey Juan Carlos. No había ni motivación, ni propuestas técnicas, ni estudios de viabilidad. Nada de nada. "Las contrataciones de la Asociación Instituto Nóos -resume Castro con claridad al final de su resolución- fueron actos estrictamente voluntaristas en la medida en que no obedecían a procurar el interés general y sólo al deseo de doblegarse a las exigencias, que por muy cortesmente que se plantearan no dejaban de serlo, de Don Iñaki Urdangarin Liebaert en atención a su parentesco con la Casa de S. M. El Rey", señala el auto que, incluso, va más allá en su conclusión.

La posición de Urdangarin como yerno de don Juan Carlos, insiste el magistrado en varios pasajes del auto, era el motivo de que "todas las contrataciones se adjudicaron "a dedo", asintiendo verbalmente los aforados a cuanto se le ofrecía, sin estudios previos de viabilidad técnica ni de mercado, en marcos geográficos absolutamente impropios y orillando por completo las normas sobre las contrataciones públicas". El juez José Castro sostiene, como señaló una imputada en una de las declaraciones, que había que "vestir el santo" y, por eso, se buscaron "objetivos de aparente utilidad pública"; se ajustaron precios, como sugiere el auto, que nada tenían que ver con los servicios que se terminaban prestando; y se diseñó un "ropaje jurídico" para los contratos cuando en realidad se daban de antemano -estaba "cantado", afirma en otro pasaje- e, incluso, ejecutándose. Con la exposición razonada en Valencia, el siguiente paso, el futuro judicial de Francisco Camps y Rita Barberá como el de otros nueve diputados del PP, queda a expensas del TSJ.