El avance de las investigaciones por corrupción que afectan a importantes cargos del PP coartan la capacidad de maniobra tanto de la Generalitat como de la cúpula popular. No es ninguna novedad. Viene ocurriendo desde que en febrero de 2009 estalló el caso Gürtel. Pero ayer volvió a evidenciarse apenas 24 horas después de que el juez José Castro enviara al TSJ de la Comunidad la investigación de la rama valenciana del caso Nóos al apreciar indicios de delito en la actuación de Francisco Camps y Rita Barberá. Durante su comparecencia posterior a la reunión del pleno del Consell, el vicepresidente José Císcar tuvo que emplearse a fondo para justificar la negativa del Ejecutivo autonómico a personarse por la vía penal en el sumario que investiga los negocios de Iñaki Urdangarin en la Comunidad, una operación que habría supuesto el desvío, de acuerdo con los datos que maneja Anticorrupción, de más de tres millones de euros a las arcas del Instituto que presidía el yerno del Rey Juan Carlos.
El número dos de Fabra en la Generalitat se salió por la tangente en las tres cuestiones más espinosas de Nóos: la decisión del Gobierno valenciano de mantenerse al margen de la acción penal; la ilegalidad de los convenios rubricados con el duque de Palma, tal y como asegura en su último informe el Tribunal de Cuentas; y, sobre todo, la situación en la que quedan Camps y Barberá, al borde de la imputación. Císcar trató de poner paños calientes para quitar hierro a este panorama y consideró que, en principio, se debe esperar al rumbo que tome el TSJ, al que ahorra corresponde, si procede, declararse competente, nombrar instructor y decidir sobre la imputación de los dos dirigentes del PP. "Nadie puede saber si eso va a ocurrir", apuntó el vicepresidente del Consell.
El también líder popular en Alicante admitió, en todo caso, la preocupación interna por el número de diputados encausados en procedimientos judiciales -"no somos ajenos a esta situación", reconoció Císcar- pero, sin embargo, intentó trasladar, igualmente, que ese decorado no alterará la convención que los populares preparan para la próxima semana, una convocatoria que se celebrará en Peñíscola y que está concebida como una plataforma de lanzamiento de propuestas económicas. En la práctica, sin embargo, será un termómetro del nivel de fortaleza interna que mantiene el PP -quizá, en su punto más bajo desde la llegada a la Generalitat en 1995- y estará marcada por la actitud de la cúpula popular con los dirigentes imputados. José Císcar apuntó, de cualquier manera, que el ambiente enrarecido y los sobresaltos judiciales que se viven en las filas populares no impedirán que Rajoy, en su segunda visita a la Comunidad desde que fue investido presidente del Gobierno, clausure la citada convención del PP.
En este ambiente, la tensión en el grupo parlamentario popular, a las puertas de una decisión drástica sobre el futuro de Rafael Blasco, como ya han adelantado tanto Serafín Castellano como el propio Alberto Fabra, crece por momentos. Será el primer diputado de la bancada de imputados que recibirá una dura sanción. Y se da por hecho que acabará apartado en los escaños de los no adscritos, que inauguraría en esta legislatura. Está por ver la actitud que toman algunos diputados de la vieja guardia que, cuando aún faltan dos años de legislatura, están ya defenestrados para las próximas candidaturas.
"¿Tranquilo? Sí, claro. Muchas gracias"
El expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, asistió como cada jueves al pleno del Consell Juridic Consultiu, institución de la que es miembro desde que dejó su pueso en el Consell, apenas 24 horas después de conocerse la inhibición del juez José Castro y la llegada del caso Nóos a Valencia. "Sí, claro. Muchas gracias", respondió a la pregunta de si está tranquilo. A pesar de que los periodistas le abordaron a la conclusión del pleno para formularle más preguntas, el expresidente evitó responderlas. Por su parte, Rita Barberá apuntó que no ve por "ningún lado" que tuviera una "intervención decisiva" en la celebración de los foros adjudicados a Urdangarin, como estima el juez José Castro. "Yo no he firmado ningún contrato, yo no he firmado nada, el Ayuntamiento no ha dado nada y el Ayuntamiento no está involucrado en nada", aseveró la alcaldesa de Valencia. agencias
