Con menos flema que en su anterior visita al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), cuando estaba citado a declarar por su triple imputación por los presuntos amaños del PGOU de Alicante y optó por guardar silencio, el diputado autonómico Luis Díaz Alperi se presentó ayer de nuevo en el máximo órgano judicial de la Comunidad, donde declaró durante casi dos horas ante el magistrado Antonio Ferrer, para responder de tres delitos fiscales, falsedad en documento mercantil y cohecho impropio después de que la Agencia Tributaria le haya detectado ingresos de origen desconocido por cerca de dos millones de euros, una cantidad por la que al exprimer edil se le atribuye un fraude de más de 682.000 euros por el impago de la cuota exigible del IRPF durante los ejercicios de 2007, 2008 y 2010 y de la que el exprimer edil tampoco ayer aclaró su procedencia.

Con chaqueta azul, pantalón gris y corbata malva a juego con el pañuelo que asomaba de su bolsillo izquierdo, el político del PP vino a ratificar todos los hechos recogidos en el informe de Hacienda que dio lugar a la denuncia presentada por la Fiscalía Superior pero con una interpretación diametralmente opuesta: donde el Ministerio Público ve una simulación de negocios para ocultar el pago por parte del propio Alperi de una deuda tributaria de más de un millón de euros contraída por una promotora de su propiedad antes de que accediera a la Alcaldía, el diputado habla de un contrato privado para recurrir el abono de la sanción que implicaba la presentación del aval que después sirvió para saldarla. Fianza que el diputado garantizó con un pagaré del que, pese a su cuantía, no se gestionó su cobro, un extremo que consta en la denuncia y que ayer tampoco fue explicado.

Un barco para dos

Algo parecido ocurrió con el catamarán valorado en más de 850.000 euros que tanto Hacienda como la Fiscalía consideran propiedad del exregidor aun cuando estuviera a nombre de Andarx Business S. L. Una mercantil en la que el diputado figura como administrador único y de la que es socio el promotor Antonio Solana. El también expresidente del Alicante C. F. declaró ayer por estos hechos y coincidió con su compañero de imputación al asegurar que la embarcación era de la sociedad y que ambos, como socios, la usaban, aunque Alperi admitió que él "un poco más". Ambos imputados y presuntamente buenos amigos llegaron a la sede judicial por separado con veinte minutos de diferencia (el primero fue Alperi, que apareció poco después de las 9.30 acompañado de su abogado, el penalista Vicente Grima; después lo haría Solana intentando ocultarse tras el paraguas de su letrado, el inspector de Hacienda en excedencia Pablo Cardona) y explicaron que para la compra del barco cada uno aportó 200.00o euros (la parte del exprimer edil procedía de la venta de su anterior velero, según declaró) y que para el resto la sociedad solicitó un préstamo. Una explicación que tampoco comparte la acusación pública que mantiene que la presencia de Solana en este entramado sólo pretendía despistar sobre quién era el verdadero propietario de un catamarán que desde enero pertenece a la familia de un constructor de la localidad murciana de Los Alcázares y a cuya venta, ahora investigada para determinar si es real o ficticia, también se referió ayer el exregidor para supuestamente aclarar que el dinero procedente de esa operación estaba ingresado.

Antes de la declaración de Solana y Alperi, quienes comparecieron por ese orden, lo hizo un representante del despacho de abogados de Madrid en el que Alperi depositó el pagaré garante del aval y cuya desaparición por robo fue denuncia por el bufete en septiembre de 2011, unos meses antes de su vencimiento fijado para abril de 2012, según la denuncia. El declarante, que lo hizo en calidad de testigo, aseguró que en esas fechas hubo más robos en el mismo inmueble en el que se encuentra el bufete aprovechando el andamiaje instalado por unas obras que se estaban realizado.

"Atracaba gratis pero en un lugar que no molestaba a nadie"

Con desparpajo y respondiendo a todas las partes personados (entre quienes se encontraba un abogado del Estado en representación de la Agencia Tributaria) aseguran fuentes próximas al caso que acometió Luis Díaz Alperi su interrogatorio de ayer. Una cita a la que llegó temprano, tranquilo, aparentemente menos apático que en su comparencia por el PGOU y, igual que su abogado, sin perder las buenas formas. Una buena entrada que tuvo su reverso en la salida del TSJ, cerca de las dos de la tarde, cuando el número de periodistas se había incrementado notablemente respecto a primeras horas de la mañana y el exregidor se vio rodeado por una nube de informadores que ponían tanto ahínco en arrancarle algún dato de lo que acababa de declarar dentro como él en no soltarlo fuera. Más de doscientos de metros tuvo que soportar Alperi este interrogatorio sin respuestas en el que únicamente dijo sentirse "satisfecho" de haber declarado y aseguró que "evidentemente" había defendido su inocencia. Antes de este trago, todavía en presencia del magistrado Ferrer, a Alperi se le preguntó por el amarre del famoso catamarán, lo que le ha valido una imputación por cohecho impropio tras asegurar Hacienda que el político popular no pagaba por este concepto. Un hecho, el de la gratuidad, que ayer admitió Alperi pero asegurando que el barco ocupaba un espacio que no molestaba a nadie. Para el viernes están citados los responsables de los puertos deportivos de Alicante y Altea, donde Alperi atracaba su catamarán. m. G.