Unos veinte minutos antes de la hora fijada para su comparecencia y tratando de ocultarse bajo el paraguas de su abogado y no por la lluvia, sino para evitar ser fotografiado. Así llegó esta mañana al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad el promotor y expresidente del Alicante C.F. Antonio Solana, encausado por los mismos delitos que Alperi.
Casi seis meses después de que, acompañado por su abogado, hiciera el paseíllo hasta el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad, donde estaba citado para que declarara (lo que no hizo) sobre los supuestos amaños del PGOU por los que está imputado, el político que más tiempo ha regido los destinos de Alicante, Luis Díaz Alperi, vuelve hoy a repetir recorrido para comparecer por tres delitos fiscales, falsedad y cohecho. Una causa que instruye el magistrado Antonio Ferrer tras la denuncia presentada por la Fiscalía Superior contra el también diputado autonómico por defraudar a Hacienda 682.651 euros en concepto de la cuota exigible del IRPF que el político del PP dejó de pagar durante tres ejercicios: 2007, 2008 y 2010. La Agencia Tributaria había llegado previamente a la conclusión de que el exregidor ocultó al fisco en esos años ingresos de origen desconocido por cerca de dos millones de euros.
Simulación de negocios
Para ello, según el organismo estatal, Alperi simuló negocios con varias sociedades (entre ellas, dos radicadas en Madrid cuyos administradores están también imputados en este proceso y pendientes de ser citados a declarar tras haber solicitado un aplazamiento para poder preparar sus comparecencias) e intentó camuflar la propiedad de un catamarán a través de una mercantil del diputado en la que aparece como socio el promotor y expresidente del Alicante C.F. Antonio Solana.
La existencia del catamarán (cuya venta el pasado enero a una familia de la localidad murciana de Los Alcázares se está investigando en la actualidad para determinar si se trató en realidad de una operación ficticia) ha sumado a los cargos contra el exprimer edil de Alicante el delito de cohecho pasivo impropio (el mismo del que fue acusado y absuelto Francisco Camps en el caso de los trajes) al entender inspectores de Hacienda y acusadores públicos que en consideración a su cargo atracó la embarcación en el puerto deportivo de Alicante y en el de Altea sin pagar por ello. El magistrado Ferrer quiere incluso saber quién pagaba el gasoil con el que el barco navegaba. Además, también ha solicitado una exhaustiva investigación del patrimonio del diputado autonómico, diligencia que coincide con la ordenada por el juez Juan Climent, instructor del proceso por los presuntos amaños del PGOU, quien además ha acordado idénticas pesquisas en relación, entre otros, a la mujer y a los tres hijos de Alperi.
No es la única coincidencia. Entre los citados a declarar en el asunto de los de los delitos fiscales se encuentra también el hermano de la alcaldesa de Alicante, José Luis Castedo, y su socio en el despacho de abogados Salvetti, el exedil del PSOE Javier Gutiérrez, ambos imputados al igual que Alperi y la regidora, entre otros, en el procedimiento del PGOU, e involucrados ahora en la instrucción de los delitos fiscales por las supuestas relaciones comerciales que mantuvo la empresa de Alperi con la que se compró el catamarán con el bufete Salvetti y con otra mercantil propiedad de Gutiérrez, además de otras cuatro sociedades más. Relaciones que, según la denuncia de Hacienda y la Fiscalía, Luis Díaz Alperi utilizó para facturar como realizados por la mercantil trabajos que en realidad hacía él y evitar así el pago del IRPF.
Comparecencias a lo largo de todo el mes de mayo
Además de las comparecencias de los cuatro imputados, el magistrado Antonio Ferrer ha fijado un calendario de declaraciones que ocuparán todo el mes de mayo. Así, han sido citados en calidad de testigos, entre otros, los responsables de los puertos deportivos de Alicante y Altea, los de todas las mercantiles a las que la empresa de Díaz Alperi facturó servicios, el director de la sucursal de La Caixa que concedió el préstamo para la compra del catamarán y hasta la mujer de Antonio Solana, que tendrá que comparecer como responsable de la sociedad que avaló el crédito.
