En aguas murcianas podría descansar en estos momentos el catamarán Akra Uno, cuya propiedad ostentaba la mercantil Andarx Business S.L. de la que el exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi es el administrador único y que tiene como accionista a su amigo el promotor y expresidente del Alicante C.F. Antonio Solana. Ambos están siendo investigados por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad (TSJ), dada la condición de aforado del también diputado autonómico, después de que la Agencia Tributaria detectara que Alperi habría ocultado al fisco cerca de dos millones de euros durante los ejercicios contables de 2007, 2008 y 2009, una investigación en la que mercantil propietaria del barco ahora vendido a una familia de Los Alcázares tiene un capítulo propio.

Inspectores de la Agencia Tributaria pusieron la lupa sobre Andarx Business, una sociedad constituida en 2005 pero cuya única actividad conocida es la compra en 2008 de la embarcación, valorada en 852.945 euros, que tanto los funcionarios de Hacienda como los acusadores públicos consideran que era para "uso personal y exclusivo" del exalcalde pese a que Solana habría aportado 528.315 euros sin estar acreditado que tuviera relación con la embarcación.

La denuncia de la Fiscalía recoge que el exalcalde declaró durante el año 2008 un rendimiento neto del trabajo personal de 112.499 euros pagando este mismo ejercicio 222.500 euros por el catamarán, "lo que comporta una desproporción alarmante y evidente", concluyen los fiscales quienes destacan también cómo ya en 2010, y tras un baile de venta de acciones entre el exalcalde y Solana, "en menos de dos meses pasan de ser socios y propietarios del catamarán al 50% a dejar de serlo. Y en ese mismo tiempo regresan a la sociedad recuperando el interés náutico el señor Solana que al parecer había perdido y conservándolo siempre el señor Díaz Alperi, que nunca se desvinculó del catamarán a pesar de todas estas vicisitudes contractuales", precisa la denuncia.

El auto con la que se abre la investigación en el TSJ refleja además la decisión de la Fiscalía de ampliar la denuncia después de haber recibido una información complementaria de Hacienda que pone de manifiesto que "la embarcación objeto de las actuaciones pudiera haber estado amarrada en el puerto deportivo de Alicante sin satisfacer canon alguno, lo que entiende que podría llegar a constituir un delito de cohecho impropio del artículo 422 del Código Penal". A los tres delitos fiscales y a los de falsedad documental se suma, por tanto, esta tercera acusación.

Sea como consecuencia de este proceso que comenzó la Agencia Tributaria y que ahora está en manos del magistrado del TSJ Antonio Ferrer o porque ya tuviera previsto desprenderse de una embarcación que tanta tinta ha hecho correr, lo cierto es que desde el pasado enero una familia de Los Alcázares es la dueña del catamarán al que han rebautizado como Yavila.

A nombre de quien fuera la primera autoridad de Alicante durante catorce años sólo aparece, en cuanto a propiedades relacionadas con el mar, un bote auxiliar de tres metros y metros de eslora. No obstante, fuentes del Club de Regatas confirmaron a este diario que el diputado está utilizando en la actualidad un barco de motor de menores dimensiones que el catamarán cuya propiedad aún no ha podido ser precisada.