Arcmed es una de las dos empresas que crearon la Fundación Solidaridad Entre Pueblos, la ONG matriz del entramado y que estaba presidida por el empresario encarcelado Augusto César Tauroni. Esta sociedad recibió, según el informe del interventor general que hace público hoy este periódico, más de 142.000 euros por presuntos estudios topográficos a las ONG Fudersa y Ceiba, pero también más de 400.000 de la Fundación Cyes, la que compró dos pisos en Valencia con dinero de Cooperación. Teóricamente, esta sociedad no estaba capacitada para realizar estos trabajos de ingeniería. De hecho, su principal negocio era la gestión de una cafetería en la ciudad de Valencia.
Arcmed pertenecía al imputado Alfonso Navarro Torres, pero los investigadores piensan que actuaba como mero testaferro de Tauroni. Esta sociedad, según el informe del interventor general del Estado, compró por 60.000 euros una avioneta Modelo Piper PA-34-200T a la empresa Mecanizados Inelme. Posteriormente la factura se modificaría por un montante de 49.010 euros. Mecanizados Inelme pertenece a su vez a Fernando Cañete Marco, otro de los imputados en la causa y marido de la directora de la Fundación Solidaria Entre Pueblos Maribel Castillo. Cañete había comprado la avioneta en 2008 a un proveedor sueco. Los investigadores indagan si este cruce de operaciones se realizó para que la trama dispusiera de este vehículo con dinero de los fondos de Cooperación.
El interventor también revela que la sociedad Arcmed pagó por los servicios de alquiler de aviones, concretamente a la empresa Air Service Management. Tauroni y Cañete eran representantes legales de esta sociedad durante los años en que se hicieron estas operaciones. Es el caso de Cañete, también accionista, con casi un 9 % de las participaciones, constata el informe oficial. Las subvenciones que la Conselleria de Solidaridad dio a dos ONGs vinculadas al empresario preso Augusto César Tauroni en 2009 están plagadas de irregularidades administrativas que, en caso de haber sido detectadas y sancionadas por el departamento que dirigía Rafael Blasco, nunca habrían acabado en apartamentos en Miami o en cuentas corrientes de EE UU. El delegado territorial de la Intervención General del Estado asegura que el fraude que investiga la Justicia por el desvío de hasta seis millones de euros de las ayudas de Cooperación "no se hubiera podido producir sin, al menos, la connivencia y consentimiento de determinados responsables de la antigua Conselleria de Solidaridad".
"Actuación negligente"
El delegado territorial de la Intervención General del Estado ha elaborado un nuevo informe que fue solicitado por el Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia cuando investigaba la causa antes de que la asumiera el Tribunal Superior de Justicia. El informe, al que ha tenido acceso INFORMACIÓN, está fechado el 3 de marzo de 2013 y concluye que la tramitación de los expedientes de las ONGs Ceiba y Fudersa, controladas por Augusto César Tauroni, incumple "flagrantemente" muchos de los puntos de la Ley General de Subvenciones. El habilitado nacional asegura que la actuación del departamento de Rafael Blasco fue "cuanto menos, negligente, y más aún con una permisividad, en lo que se refiere al cumplimiento de la legalidad, tanto en la concesión, como en la ejecución de las subvenciones".
