El hermano de Castedo y su socio piden al juez del PGOU que cierre el caso para ellos

José Luis Castedo y Javier Gutiérrez plantean a Juan Climent que no hay pruebas de los hechos que se les imputan

27.03.2013 | 02:01
José Luis Castedo (izda.) y Javier Gutiérrez (dcha.) flanquean a su anterior letrado (centro).
José Luis Castedo (izda.) y Javier Gutiérrez (dcha.) flanquean a su anterior letrado (centro).

Tan convencidos están de que todos los hechos que se les imputan carecen de fundamento y de que nada tienen que ver con ellos las diligencias que quedan por practicar que los abogados José Luis Castedo y Javier Gutiérrez (hermano de la alcaldesa de Alicante el primero, exedil socialista el segundo y socios ambos en el bufete Salvetti) han solicitado al magistrado Juan Climent que cierren las actuaciones que se siguen contra ellos en el proceso que se instruye en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad por los presuntos amaños del PGOU. Una causa en la que también están imputados, entre otros, la regidora, Sonia Castedo, el anterior primer edil Luis Díaz Alperi y el empresario Enrique Ortiz, a quien supuestamente los dos políticos del PP, ambos diputados autonómicos, le facilitaron datos no públicos del planeamiento urbano de la ciudad a cambio de prebendas que iban desde viajes hasta un coche.

En un prolijo escrito de medio centenar de folios que ya obra en poder del instructor, los representantes legales de los socios de Salvetti califican de "inciertas y/o imposibles desde el punto de vista lógico" las imputaciones contra sus clientes. La Policía y el fiscal les atribuyen a ambos haber asesorado y facilitado a Ortiz información urbanística privilegiada así como diseñar a través de su despacho aspectos relevantes del PGOU, con la ayuda de su redactor, Jesús Quesada, a la medida del promotor (de quien habrían cobrado, además de Bancaja, un fijo y un porcentaje de todas las gestiones referidas al plan general a la vez que promesa de futuros trabajos con la entidad bancaria y con la sociedad Deproimed), y diseñar a la medida del empresario ilicitano Salvador Águeda, también imputado en esta causa, un cambio de calificación de terrenos de su propiedad dentro del PGOU.

A lo largo del escrito los abogado de Castedo y Gutiérrez se afanan en desmontar estas imputaciones para lo que alegan desde la "imposibilidad de facilitar información privilegiada de un documento que era público (en relación al PGOU y a las fechas en las que supuestamente le dieron datos a Ortiz) hasta el hecho de que, según declaró el arquitecto municipal Miguel Ángel Cano, "ninguno de los imputados ni mercantil por ellos administrada respondió a las alegaciones". Y añaden en este punto que "atenta contra cualquier lógica atribuirle a nuestros representados facilitar información privilegiada a Enrique Ortiz (...) cuando de las diligencias de investigación practicadas hasta la fecha ha quedado abrumadoramente acreditado que el señor Ortiz Selfa tenía hilo directo personal y telefónico con la alcaldesa y con el redactor del PGOU. Y con esto no queremos decir que ni la alcaldesa, ni el arquitecto ni el promotor hayan cometido delito alguno, que nuestra convicción es que no porque el PGOU en absoluto está diseñado en beneficio del señor Ortiz. Lo que queremos decir es que aunque fuera cierto (lo que tajantemente rechazamos) que el señor Ortiz hubiera pretendido y logrado manipular a su favor el PGOU, ¿para qué iba a necesitar a mis representados?", se preguntan las defensas de los socios de Salvetti. Los letrados insisten en que las imputaciones se basan en unos indicios de criminalidad que, en este caso, no están acreditados, lo que impide que la causa contra sus clientes siga adelante.

Aluden también al error que se produjo en la investigación al confundir a Gutiérrez con un empleado de Ortiz y al hecho de que el fiscal, en su último informe antes de remitirse el asunto al TJS por el aforamiento de la alcaldesa y de Alperi, "en ningún momento haga partícipes" a sus clientes de las conductas que les imputaba a los aforados.

Esta no es la primera vez que Castedo y Gutiérrez piden el sobreseimiento de las actuaciones contra ellos. Ya lo hicieron ante el instructor en Alicante, quien consideró que no era el momento procesal oportuno. Ellos mantienen que no tienen por qué esperar hasta el cierre de la instrucción para que se les excluya del proceso y que estar inmersos en el mismo les perjudica personal, social y profesionalmente.

Recurren la orden del magistrado de investigar una empresa de Gutiérrez
Por no apoyarse en hechos concreto sino en meras hipótesis y por no haber sido solicitada por una parte legitimada para ello. En estos dos argumentos se apoya el recurso de reforma presentado por los abogados de Castedo y Gutiérrez contra el providencia del instructor de la causa del PGOU por la que se acuerda pedir a la Agencia Tributaria todos los datos de que disponga desde el año 2005 hasta la actualidad de la mercantil Blaurban S.L. , propiedad de Gutiérrez, con la que firmó un contrato de servicios con Alperi. Los letrados mantienen que no existe una base sólida que justifique la petición de estos datos y consideran improcedente el hecho de que la diligencia la solicite la Policía "al exceder de las atribuciones que le corresponden ya que no haber sido ordenada por ninguna de las partes".

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