Conocer el patrimonio del exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi así como el de toda su familia (su mujer y sus tres hijos) para "determinar la existencia o no de las presuntas contraprestaciones económicas de Enrique Ortiz Selfa y su entorno empresarial respecto de Luis Díaz Alperi y su entorno familiar más próximo, mediante la constatación de la existencia o no de un patrimonio oculto no declarado de este último, todo ello respecto al presunto delito de cohecho". Esto es lo que pretende Juan Climent, instructor de la causa por los presuntos amaños del planeamiento urbano de Alicante, (un proceso en el que además de Alperi y el empresario está imputada, entre otros, la actual alcaldesa de la ciudad, Sonia Castedo) al acordar solicitar a la Agencia Tributaria información no sólo del exregidor y de su familia sino del empresario Antonio Solana, su socio en la mercantil con la que se compró una embarcación valorada en más de 800.000 euros en la que navega el exalcalde, así como de la sociedad en cuestión y de otra del exedil socialista Javier Gutiérrez, también imputado en este proceso junto al hermano de la alcaldesa José Luis Castedo, su socio en el despacho de abogados Salvetti.

Concretamente, y dando así luz verde a una petición planteada por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales UDEF) de la Comisaría de Alicante de la que este diario informó la pasada semana, el magistrado acuerda que se pida a Hacienda "toda la información obrante en sus bases de datos, desde el año 2005 a la actualidad, entre los que consten como mínimo, con el máximo nivel de detalle" de los siguientes aspectos: declaración anual del IVA, la del IRPF, el Impuesto de Actividades Económicas, percepciones de trabajo, impuesto sobre el patrimonio, ingresos y pagos (con detalle de las personas físicas y/o jurídicas), arrendamientos, tráfico, vehículos, tráfico de divisas, transmisiones patrimoniales, notarios y registradores, adquirientes y transmitentes, inmuebles urbanos, préstamos hipotecarios, con detalle de capital amortizado anualmente en cada uno de dichos préstamos, transmisión de valores, operaciones entidades de crédito y cuentas bancarias. Todo esta información se solicita de Alperi, de su mujer y de sus tres hijos, de quienes la Policía sospecha que el empresario Enrique Ortiz pudo regalarles otras tantas viviendas, según publicó este diario en 2007.

Los mismos datos se piden del constructor, expresidente del Alicante y amigo del exalcalde, Antonio Solana, así como de la sociedad que ambos tenían constituida, Andarx Business S.L., con la que se compró el catamarán sin que registrara mucha más actividad, según concluyeron los investigadores, y de Blaurban S. L., del exedil socialista Javier Gutiérrez, y con la que Luis Díaz Alperi, a través de Andarx, llegó a firmar un contrato de arrendamiento de servicios.

Estas dos sociedades aparecen también en la denuncia presentada la pasada semana por la Fiscalía contra el exalcalde, y también contra Solana, por varios delitos fiscales después de que la Agencia Tributaria detectara presuntas irregularidades que obligaban a ponerlas en conocimiento de la Justicia. La denuncia precisa que el exalcalde dejó de ingresar a Hacienda en concepto de IRPF más de 682.000 euros estimando que el patrimonio que el también diputado autonómico habría ocultado a Hacienda en tres ejercicios estaría cercano a los dos millones de euros cuyo origen no ha sido concretado.