El juez Jacobo Pin marcó ayer el paso del particular Viernes de Dolores de Carlos Fabra al señalarle el camino para sentarse en el banquillo y hacer frente a un supuesto delito continuado de tráfico de influencias, otro de cohecho y cuatro más de fraude fiscal. El auto del Juzgado de Instrucción número 1 de Nules, por el que se decreta la apertura de juicio oral contra el expresidente de la Diputación de Castellón, insta a la Audiencia Provincial, con la que el juez ha mantenido disparidad de criterios, a fijar la fecha de la vista oral al ser el órgano competente para juzgarle, algo que podría producirse, según las fuentes consultadas, este mismo año. Cinco minutos antes de que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, le destituyera como presidente del aeropuerto de Castellón, el propio exdirigente del PP renunció a su puesto al frente de la empresa pública que gestiona el aeródromo.
Carlos Fabra, secretario general de la Cámara de Comercio de Castellón, ha sido capaz de dilatar el proceso en los nueve años que han pasado desde que su entonces amigo, el empresario de Artana Vicente Vilar, le acusara de un presunto tráfico de influencias en beneficio de la empresa de productos fitosanitarios Naranjax. Fabra, que siempre ha denunciado que él era el primer interesado en celebrar el juicio para explicar todas las "mentiras" que se han vertido sobre él, tendrá la oportunidad ahora de rebatir, entre otros, los informes de la Agencia Tributaria que apuntan a un posible fraude a Hacienda de 1,5 millones. Enfrente tendrá a un fiscal y una acusación popular que plantean peticiones de cárcel de hasta 20 años.
Además de Fabra, también se juzgará a su exesposa, María de los Desamparados Fernández, por tres delitos contra la Hacienda Pública; al empresario que lo denunció, Vicente Vilar, y a su exmujer, Monserrat Vives, ambos por cohecho. Contra el auto no cabe recurso "excepto en lo relativo a la situación personal de los acusados", respecto a lo que sí cabe "recurso de reforma" en el plazo de tres días. Asimismo, el juez Jacobo Pin -que ha rechazado el jurado popular- da un margen de diez días para que las defensas de los acusados ratifiquen sus escritos de defensa o formulen una nueva argumentación para rebatir las acusaciones.
Esta apertura de juicio oral para los 4 encausados se suma a la que ya se dictaminó en marzo de 2012 contra el exsenador Miguel Prim.
El caso estalló a finales de 2003, cuando el empresario químico Vicente Vilar, gerente de Naranjax, interpuso dos querellas en los juzgados de Nules y acusó a Carlos Fabra de cobrar cantidades millonarias a cambio de mediar ante altos organismos del Estado para lograr la comercialización de un largo listado de fitosanitarios. Nueve jueces instructores han llevado el caso y fue el último, Jacobo Pin, quien cerró hace un año la investigación. Considera el juez que hay indicios de que, valiéndose de su condición de presidente de la Diputación de Castellón, Fabra intercedió ante diversos ministerios en favor de Naranjax. Por otra parte, la investigación determinó que Fabra y su exmujer obtuvieron ingresos que ocultaron a Hacienda y que no se correspondían ni con el patrimonio ni con la renta por ellos declarados durante los ejercicios fiscales de los años 1999 y 2004.
Uno de los aspectos más llamativos, al margen del baile de jueces y fiscales que han pasado por este caso, ha sido la pugna mantenida por el juez Jacobo Pin y el presidente de la Audiencia Provincial, Carlos Domínguez. La Audiencia, en diciembre de 2010, decretó el archivo de todos los delitos fiscales menos uno, al considerar que habían prescrito. Un año después, el Supremo revocó el auto de la Audiencia y ordenó que se investigasen. En mayo del año pasado, la Audiencia de Castellón dictó otro auto por el que excluía la acusación de cohecho y de nuevo el Supremo le enmendó la plana. Esta disparidad de criterios llevó a Jacobo Pin a pedir amparo ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para denunciar presiones por parte de la Audiencia Provincial en la instrucción del caso, si bien el CGPJ, en su reunión del miércoles, decidió archivarla al considerar que la independencia del juzgado de Nules está garantizada. El propio Carlos Fabra se felicitó por la decisión judicial. "Ya era hora después de nueve años y medio de indefensión pública y teniendo que soportar insultos y mofas de gentuza", dijo el excargo del PP.
"Las partes acatarán lo que decida el Supremo con los trajes de Gürtel"
El vicepresidente del Consell, José Císcar, rechazó hacer valoraciones sobre la revisión por el Supremo del recurso contra la absolución al expresident de la Generalitat Francisco Camps en la causa de los trajes del caso Gürtel, más allá de que la Justicia "hará su trabajo". Para Císcar, la sentencia que finalmente se dicte, "como no puede ser de otra manera, se acataría por las partes afectadas y, en definitiva, por todos". "En algún momento tenía que llegar la revisión por parte del Supremo de la sentencia que en su día se adoptó", apuntó. "Valoraciones no podemos hacer más allá de que la justicia hará su trabajo y que la sentencia se acataría por las partes afectadas", dijo. efe
