La Policía Nacional ha solicitado al magistrado que instruye la causa por los presuntos amaños en el PGOU de Alicante, Juan Climent, autorización para investigar el patrimonio del exregidor y también diputado autonómico Luis Díaz Alperi. La petición, que ya está en manos del juez, ha sido planteada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Judicial de Alicante con el objeto de averiguar si se ha producido un incremento en la posesiones del político popular y, en caso afirmativo, determinar si el origen de ese aumento es o no legal.
Debido a su condición de aforado, los agentes que están investigando esta pieza separada del caso Brugal no habían tenido capacidad hasta ahora para llevar a cabo esta investigación patrimonial durante los dos años que el caso ha estado instruyéndose en el juzgado de Alicante que dirige el magistrado Manrique Tejada, de dónde tuvo que enviarse al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad (TSJ) por el aforamiento de Alperi, al que en el verano de 2011 se sumó el de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo. Ambos son diputados autonómicos y ambos están imputados en este procedimiento junto al empresario Enrique Ortiz, entre otros, por los delitos de cohecho, tráfico de influencias y revelación de información privilegiada. A los dos políticos populares se les atribuye haber facilitado al promotor datos del planteamiento urbano de la ciudad cuando aún no eran públicos a cambio de compensaciones. La investigación sobre el patrimonio de alcaldesa, que se llevó a cabo cuando aún no era aforada, no detectó incrementos irregulares en su economía familiar.
La iniciativa de los agentes de pedir autorización a Climent para realizar las indagaciones se produce a raiz de los informes policiales en los que se sustentan las acusaciones de este proceso y en los que aparecen referencias a actuaciones de Alperi bajo sospecha, como la compra de un barco por más de medio millón de euros, una operación que, según ha podido saber este diario, será una de las que se analizarán para seguir el rastro del dinero con el que se pagó la embarcación.
Coincidencia
La petición de la UDEF ha coincidido en el tiempo con la presentación de una denuncia contra el exalcalde de Alicante por tres delitos fiscales, según adelantó este diario en su edición del miércoles. La denuncia fue interpuesta por la Fiscalía ante la sala de lo Civil y Penal del TSJ tan a última hora de la mañana de ayer que no pudo ser registrada ni turnada al magistrado al que le corresponderá instruirla.
En cualquier caso, será un miembro de la misma sala en la que se están investigando los supuestos amaños en el PGOU la que tenga que indagar si, como recogió la Agencia Tributaria en su informe-denuncia y después la Fiscalía estudió y ha trasladado a una denuncia, el diputado popular ocultó a Hacienda unos ingresos de cerca de dos millones de euros en tres años dejando de pagar en este periodo al menos 650.000 euros en concepto de cuota exigible por el IRPF.
Aunque siguen sin trascender los pormenores de la denuncia, la adquisición de la embarcación por una sociedad de Alperi estaría en el origen de una de las presuntas irregularidades tras despertar las sospechas de los inspectores. Otra de ellas, la de mayor cuantía de las tres denunciadas, podía tener que ver con ejecución de un aval bancario que el exregidor consiguió para hacer frente a deudas por impagos de IRPF, Impuesto de sociedades e IVA derivadas de su actividad privada en el negocio inmobiliario antes de ser alcalde.
Aunque no se escapan las conexiones que puede establecerse entre la causa del PGOU, donde se investigan posibles prebendas que los políticos habrían recibido por facilitar datos secretos del planeamiento (y en la que ahora se ha pedido la indagar el patrimonio de Alperi para ver si ha experimentado un incremento injustificable) y la denuncia por la supuesta ocultación al fisco de ingresos cercanos a los dos millones de euros, se trata de dos procedimientos totalmente independientes y como tales, al menos de momento, serán tramitados.
Los tres delitos fiscales por los que ha sido denunciado Alperi llevan aparejadas otras tantas penas de entre uno y cinco años de cárcel y las mismas multas del tanto al séxtuplo de la cantidad defraudada cuyo abono puede ser determinante, en caso de sentencia condenatoria, para el ingreso o no en prisión.
