En cerca de dos millones de euros estima la Agencia Tributaria los ingresos que el exalcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, ocultó a Hacienda en tres ejercicios fiscales en los que dejó de abonar a las arcas públicas al menos 650.000 euros en concepto de cuota exigible por el IRPF. Con esta base, fruto de una inspección llevada a cabo por la agencia estatal, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad está ultimando la denuncia por tres delitos fiscales que en breve presentará contra el político del PP ante la sala de lo Civil y Penal, a lo que obliga la condición de aforado del también diputado autonómico, tal y como informó este diario en su edición de ayer.

El Ministerio Público trabaja sobre el informe-denuncia que hace unos días remitió el delegado especial de la Agencia Tributaria en Valencia en cuyas conclusiones se apunta que el exalcalde habría dejado de abonar al fisco cantidades que rondarían los 400.000 euros en 2007, unos 140.000 en el ejercicio de 2008 y 130.000 en 2010, correspondientes todas ellas a la cuota del IRPF.

Los ingresos no declarados, considerados incrementos injustificados de patrimonio, por quien durante trece años fue la primera autoridad de Alicante estarían en cerca de un millón de euros en 2007 (un año antes de que dejara la Alcaldía) y en al menos 325.000 y 300.000 en 2008 y 2010 respectivamente, cantidades que podrían aumentar hasta alcanzar un total cercano a los dos millones.

La denuncia contra Alperi se presentará por tres delitos fiscales, uno por cada ejercicio, lo que podría suponer para el exregidor, en caso de sentencia condenatoria, otras tantas penas que oscilarían de uno a cinco años de cárcel e igual número de multas del tanto al séxtuplo de la cantidad defraudada.

Aunque aún no han transcendido los detalles de la denuncia, el fraude en uno de los ejercicios estaría relacionado con la compra por parte del exregidor, a través de la mercantil Andarx Business, de dos barcos, uno de ellos valorado en más de medio millón de euros.

De la instrucción de esta causa se encargará la misma sala del TSJ que investiga los presuntos amaños del PGOU de Alicante en la que Alperi está imputado, junto a la alcaldesa de la ciudad, Sonia Castedo, y el empresario Enrique Ortiz, entre otros, por los delitos de cohecho, tráfico de influencias y revelación de información privilegiada. A los políticos se les atribuye haber facilitado al promotor información reservada del planteamiento urbano a cambio de prebendas.

EU pide que deje su escaño en las Cortes

EU pidió ayer la dimisión de Alperi como diputado en las Cortes tras desvelar este diario que la Fiscalía prepara una querella contra él por no declarar más de 650.000 euros en concepto de IRPF. La diputada de EU por Alicante Esther López Barceló afirmó que "el exalcalde y todavía diputado está directamente imputado en el caso del PGOU, junto a su pupila y sucesora en el cargo, Sonia Castedo. Sus hijos Otto y Elisa, ésta última también diputada tras dirigir el urbanismo de la provincia, aparecen en el sumario... ¿cuántos presuntos delitos más tienen que ver la luz para que este señor deje de abochornar a los alicantinos?", se preguntó la diputada. EFE