El pleno de Les Corts ha validado hoy, con los únicos votos a favor del PP, el decreto ley del Gobierno valenciano en materia de prestación farmacéutica y ortoprotésica que, según el Consell, supondrá un ahorro anual estimado de 300 millones.

El decreto, que prevé medidas como los incentivos a los profesionales o la revisión de los tratamientos, comenzará a aplicarse el 1 de abril en las enfermedades de alta prevalencia como la diabetes, la dislipemia o hipercolesterolemia, asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, osteoporosis y antiácidos.

El conseller de Sanidad, Manuel Llombart, ha defendido que la "compleja" situación socioeconómica obliga a "establecer medidas de control y racionalización del gasto farmacéutico, que sin repercutir en la calidad de los servicios, permita reducir los costes asociados".

Los grupos de la oposición han votado en contra de convalidar el decreto-ley por considerar que no pretende ahorrar sino "recortar", por estar hecho "sin diálogo" y "al margen de todos los sectores implicados" y por plantear un sistema de incentivos que es "un insulto" a los profesionales.

La diputada del PP Alicia de Miguel ha defendido que se trata de un "decreto valiente", que permite mejorar "la calidad y la prestación farmacéutica", y ha lamentado que la oposición sea incapaz de "aprobar nada que presente" el Gobierno valenciano, "aunque sea lo más extraordinario y estén de acuerdo" con ello.

El diputado del PSPV Ignacio Subías ha considerado que este decreto-ley supone "una enmienda a la totalidad" y "un reconocimiento del fracaso" de las políticas realizadas hasta ahora en el ámbito sanitario y avaladas por el president de la Generalitat, Alberto Fabra.

"Las medidas aplicadas hasta ahora no han sido racionalizar, sino recortar", ha denunciado Subías, quien ha advertido de que los incentivos deben establecerse "con criterios objetivos y de calidad" y se ha mostrado contrario a que "se incentive en función del ahorro y no de la calidad".

Subías también ha advertido de que el decreto-ley, además de "impresentable", puede ser inconstitucional porque realiza una "injerencia en las políticas del Estado".

Alicia de Miguel ha asegurado que se trata de una medida "constitucional" y ha culpado a los ocho año de gobierno socialista de "mucha parte de los problemas sostenibilidad" del sistema sanitario porque, a su juicio, no hizo "prácticamente nada" en este ámbito.

Se ha mostrado convencida de que el PSPV está de acuerdo con el decreto, pero "el tripartito en el que se han constituido, en el que Oltra es la jefa de la pandilla, está en otro rollo y les da igual".

Subías ha pedido a la popular que retirara sus palabras por calificar de "pandilla" a los grupos de la oposición, algo que ésta ha hecho y por lo que les ha pedido perdón.

La portavoz adjunta de Compromís Mónica Oltra ha acusado al Consell de no saber "lo que tiene entre manos" porque esto, ha asegurado, "no es una empresa en la que hay que cuadrar balances", y de "deberle a todo el mundo", lo que provoca que "nadie quiera hablar" con él.

"Al final lo que hacen es recortar, constreñir la acción del médico y romper la relación humana médico-paciente", ha advertido Oltra, algo en lo que ha coincidido Marina Albiol (EU), para quien los incentivos son "un insulto" a los profesionales, que según ha dicho, "no son conejos que necesiten una zanahoria para trabajar".

Los grupos de la oposición también han criticado que se justifique la utilización del decreto-ley por "la necesidad de urgencia", cuando el PP lleva 18 años gobernando en la Comunitat Valenciana y gastando por encima de los presupuestos en farmacia.

"¿Le parece poca urgencia la situación económica en la que estamos?", ha preguntado De Miguel, para quien sería "fenomenal" no tener que recurrir a este tipo de medidas de urgencia porque la situación económica fuera otra.