Los modelos de Aznar y Zapatero condenan al Consell a un déficit de financiación de 200 euros por habitante

El debate sobre la discriminación de la Comunidad en el reparto de la financiación autonómica ha vuelto al primer plano de la agenda política justo después de certificarse de nuevo el colapso financiero de la Generalitat. Los datos del déficit así lo evidencian. En el año 2012 el gobierno de Alberto Fabra lideró el desfase del gasto, que llegó al 3,45% del PIB. Es decir, en el último ejercicio cerrado, el Consell se gastó la friolera de 3.640 millones -unos 600.000 millones de las antiguas pesetas- más de lo que ingresó. Ese "agujero" se eleva a más de 19.036 millones desde que arrancó la crisis económica en 2008. Para acabar de perfilar un escenario financiero caótico, la Comunidad, además, está "a la cola" de la financiación por habitante y reclama, sin éxito, un cambio en el modelo para que el reparto incluya a un millón de valencianos que, actualmente, están excluidos de un sistema en el que la Comunidad, junto con Canarias y Murcia, es la tercera que, porcentualmente, menos ingresa, como se aprecia en el cuadro anexo. Con esa modificación, el informe de los empresarios, encargado en su día al Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, calcula que la Generalitat podría llegar a recibir unos 1.050 millones más cada ejercicio.

A pesar de que esta misma semana el PP de la Comunidad volvió a romper el consenso de las Cortes Valencianas sobre este asunto y votó en el Congreso -por segunda vez- en contra de impulsar un cambio del sistema, el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, se ha aferrado a esa discriminación como la vía para "salvar" una situación crítica y, de paso, cebarse con el modelo aprobado durante el mandato de Zapatero con el aval, por cierto, de Francisco Camps. "El sistema que aprobó el PSOE nos maltrata", proclamó Fabra el viernes durante un acto en Xàbia ante los notables del PP en la Marina Alta. Lo que el jefe del Consell dice en la Comunidad, sin embargo, cuando llega a Madrid se convierte en papel mojado para evitar incomodar a Mariano Rajoy, que quiere aplazar el debate al final del mandato.

Es cierto que con el actual reparto del pastel de la financiación autonómica, la Comunidad está muy lejos de equipararse a lo que reciben el resto de autonomías por habitante, está diez puntos por debajo de la media y, porcentualmente, es la tercera que menos ingresa. Pero también es verdad que los números serían todavía mucho peores de haberse mantenido el modelo aprobado en su día durante la etapa de José María Aznar. Hasta que se negoció en 2009 el último cambio del modelo, la Generalitat percibía casi 8.300 millones anuales y, con la modificación, pasó a ingresar 9.700, un incremento de fondos 30 puntos superior a la media. De 271 euros menos por habitante se pasó a 203. Hubo una mejoría con Zapatero. Pero, desde luego, ambos modelos condenaron a la Comunidad a seguir en el furgón de cola del reparto. Cuestión de voluntad. Un botón de muestra. Con el último cambio del sistema de financiación, Baleares casi corrigió la discriminación que padecía. Todo lo contrario que el Consell.

No puede la Generalitat, sin embargo, vivir sólo del discurso victimista, muy útil para Alberto Fabra en tiempos en los que los colectivos -especialmente aquellos ligados a Bienestar Social- se amontonan a las puertas del Palau para reclamar los impagos. Aunque recibiera los fondos que reivindica -algo que parece muy complicado de conseguir en su totalidad-, el gobierno de Fabra sólo podría cubrir, por ejemplo, apenas un tercio del déficit que acumuló durante el ejercicio de 2012. Eso es un problema que, sin embargo, sería aún mayor si todavía rigiera el modelo de Aznar.

Un camino que conduce a ser ciudadanos sin servicios y "de segunda"

A pesar de que la mejora de la financiación necesita complementarse, además, por un incremento de los ingresos a través de una recuperación de la actividad económica, de un mayor control del gasto público y, quizá, de un nuevo modelo de fiscalidad más equitativo, el informe de los empresarios -opinión en la que viene coincidiendo también la Sindicatura de Cuentas, especialmente, respecto de la financiación de la Sanidad- advierte de que, sin más dinero del Estado, la Generalitat está abocada a un "déficit estructural insostenible" con dos escenarios posibles. O bien los valencianos se convierten en "ciudadanos de segunda", con unos servicios públicos y unas inversiones inferiores a los de la mayoría de comunidades autónomas; o bien se cambia el actual sistema de financiación y se aumenta la inversión estatal en la Comunidad para hacer viable la prestación de servicios básicos. Las Cortes Valencianas han respaldado hasta en tres ocasiones, por acuerdo unánime, la necesidad de cambiar el modelo. Es uno de los pocos debates parlamentarios con consenso. Pero el PP calla en Madrid, con un Alberto Fabra atenazado después de que el Gobierno haya salvado a la Comunidad durante el año 2012 del temido "default" con rescates directos para pagar a los bancos y renovar operaciones de deuda. El estudio encargado por los empresarios argumenta que, con los actuales ingresos que recibe del Estado, la Generalitat sólo puede cubrir el 75% de los servicios que presta. Según el análisis de los expertos, obtenidos de las series estadísticas, la Generalitat registró una financiación casi diez puntos inferior a la media estatal entre el periodo 2002-2009. Una diferencia que llegó a los 20 puntos al considerar todos los ingresos restantes, incluidas las inversiones. P. r. f.