A dos años vista de las próximas elecciones y pasando sin duda por su peor momento desde 1995, la dirección provincial del PP, en presencia de Alberto Fabra, intentó sentar las bases de una cierta regeneración interna con el objetivo de que el barco se mantenga a flote y de tratar de recuperar un margen de credibilidad, arruinado a día de hoy por los casos de corrupción que acosan a los populares de norte a sur de la Comunidad. El líder provincial del PP, José Císcar, quería ofrecer la imagen de una ejecutiva que, al menos sobre el papel, respondía a la inquietud ciudadana. Y puso encima de la mesa dos iniciativas de calado con las que buscaba romper la inercia negativa del PP: un código ético que, con toda seguridad y aunque el documento está aún en fase embrionaria, pondrá negro sobre blanco la imposibilidad de que los imputados formen parte de las candidaturas electorales; y un reglamento de contratación que supondrá, en la práctica, sacar a concurso las adjudicaciones más importantes del PP con el objetivo de alejar el fantasma de la financiación del partido, en duda desde que estalló la operación Gürtel.

Durante la reunión del comité ejecutivo provincial, se aprobó no sólo el reglamento del comité de ética -una especie de comisión anticorrupción creada en el último congreso por Císcar y que preside el alcalde de Petrer, Pascual Díaz- sino también la elaboración de ese código de buenas prácticas. "El objetivo -explicó a este periódico José Juan Zaplana, secretario provincial del PP- es definir, evaluar y orientar la conducta de los cargos públicos y afiliados, para asesorar y garantizar la ejemplaridad de su comportamiento y el cumplimiento efectivo de los principios y valores del partido".

Con margen de tiempo suficiente, los populares quieren contar con un documento que, de alguna manera, marque la línea con vistas a la confección de las candidaturas electorales de cara a los comicios de 2015, elecciones en las que, por vez primera desde 1995, los populares se presentan con un margen más limitado para seguir controlando las principales instituciones. La normativa, aún sin redactar, se ajustará a la estrategia desplegada hasta ahora por Alberto Fabra: apartar a los imputados de los órganos de dirección del PP y de aquellos cargos públicos sobre los que el jefe del Consell decide directamente. Así que las listas electorales, por extensión, caminarán, a diferencia de las que Francisco Camps elaboró para la cita de 2011, en esa dirección.

"No vamos a evaluar situaciones judiciales", sino que queremos "anticiparnos" a todo ese tipo de casos, apuntó José Juan Zaplana que también confirió al comité de ética la responsabilidad de solicitar informes sobre la actuación de sus cargos públicos. "Los ciudadanos piden honradez y ejemplaridad en la toma de decisiones", dijo el secretario provincial del PP en un argumento en el que también insistieron tanto José Císcar como el propio Alberto Fabra en sus intervenciones a puerta cerrada. Junto a ese filtro, habrá también más control de las cuentas del PP. Todos los contratos por encima de los 2.000 euros tendrán que salir a una especie de concurso público con publicidad y se tendrán que someter al arbitraje de una comisión ajustada a criterios de transparencia y de austeridad.

Compás de espera en Benidorm y espaldarazo a Marta García-Romeu

Pese a que la idea de la dirección provincial del PP era convocar la asamblea para elegir una nueva ejecutiva en Benidorm, las dudas empiezan a surgir. La cúpula popular mantiene contactos con Valencia y con Génova para tomar una decisión definitiva. Aunque no hay una resolución en firme, es posible que, finalmente, el proceso se aplace. Por otra parte, Císcar dio un espaldarazo a la edil alicantina Marta García-Romeu, a la que el líder del PP incorporó a su ejecutiva por el cupo de vocalías que puede designar de forma directa.