El Gobierno cambiará el término imputado  para intentar frenar el desgaste judicial del PP

Gallardón prepara una modificación legal para sustituir la calificación de la imputación por la de encausado o investigado y,  de esa manera, aliviar la presión por los casos de corrupción que, como ocurre en la Comunidad, acorralan a la cúpula popular

23.02.2013 | 09:49

El Gobierno prepara una modificación legal sobre la calificación del término imputado que tiene como principal objetivo aliviar la presión sobre la clase política y, especialmente, intentar poner freno al desgaste judicial del PP que, en el caso de la Comunidad Valenciana, afronta, a día de hoy, nada menos que 14 investigaciones por corrupción que acorralan al Consell que dirige Alberto Fabra. Durante una reunión celebrada el pasado fin de semana en Génova, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, trasladó a las organizaciones territoriales del PP -entre ellas las tres direcciones provinciales de la Comunidad- su intención de sustituir la imputación -convertida, en opinión de altos cargos populares, casi en un sinónimo de condena a efectos de imagen social- por el de "encausado o investigado".
Acuciados por los casos de corrupción -Bárcenas en España y la suma de Gürtel, Brugal, Cooperación, Nóos o la visita del Papa, entre otros, en la Comunidad- a los populares no les queda otra que intentar capear el temporal. Cavar una trinchera en la que tratar de defenderse frente al desgaste que sufre la marca del PP en los juzgados. Entre los notables populares se ha extendido la opinión de que la imputación -en realidad una garantía procesal que permite a un acusado disponer de abogado para su declaración y tener acceso a las actuaciones- se ha convertido en un lastre que, sin ni siquiera mediar una condena, condiciona el futuro de una trayectoria política. Junto a eso, además, la situación económica atiza todavía más, si cabe, la crítica contra los cargos públicos. Abono de primera calidad para que un paso judicial como la imputación -palabra que el PP y el PSOE se han encargado de usar como arma arrojadiza- se convierta en un problema de primera magnitud.
Hace una semana, precisamente, la cúpula nacional del PP citó a sus organizaciones territoriales en Génova para marcar estrategia frente a los casos de corrupción y a los efectos de una crisis que ha colocado a los populares entre la espada y la pared. En España, los sondeos colocan al PP en niveles de respaldo electoral de la década de los 80. Y en la Comunidad Valenciana, sin ninguna duda, los populares atraviesan por su peor momento desde que llegaron a la Generalitat y al gobierno de las principales instituciones hace ahora casi 18 años.
En una de las reuniones, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, trasladó a los dirigentes territoriales su intención de modificar la ley y cambiar la calificación de la imputación. Gallardón explicó que, en principio, el texto que baraja su departamento apunta a sustituir el término "imputado" por "encausado" o "investigado". Con la reforma que prepara el Gobierno, la imputación formal se produciría en el momento en el que el instructor, en el caso de que así lo considere oportuno y en función del avance de la investigación, decrete la apertura del juicio oral. Es decir, los dirigentes envueltos en problemas judiciales ganarían un cierto espacio temporal mientras se alargan las pesquisas.
No se trata, por tanto, de una cuestión puramente semántica. De consumarse esta decisión, los políticos investigados por corrupción sortearían un estado judicial que se ha convertido en una losa para su futuro y esquivarían, de alguna manera, el efecto negativo para sus intereses que supone la lentitud de la instrucción. Es decir, el Gobierno intentaría frenar, de esta forma, el deterioro que sufre el PP y disponer de margen de maniobra no sólo a la espera de que la recesión económica mejore sino también, especialmente, a la hora de tomar decisiones drásticas contra los políticos inmersos en sumarios judiciales. Uno de los ejemplos más claros de esta situación aparece, sin duda, en las Cortes, donde, actualmente, Fabra, tiene encima de su mesa una "patata caliente" con nueve imputados en la bancada popular. Este cambio legislativo sería, desde luego, un alivio para el jefe del Consell a la espera de más decisiones judiciales.
La modificación que prepara Gallardón, aunque en el fondo supone cambiar las reglas de juego en pleno partido para limitar las opciones del rival, encaja con una opinión bastante generalizada en el PP que apunta a la necesidad de suavizar la actuación contra los políticos hasta que el procedimiento judicial no esté avanzado como respeto a la "presunción de inocencia". A día de hoy, sin embargo y como admiten cargos del PP, cualquier decisión que pueda parecer a ojos de la ciudadanía como un intento de "poner sordina" a la corrupción puede volverse en contra.

Los casos concretos y el "cariño" a los imputados
Entre los dirigentes populares valencianos, para justificar el cambio en el que trabaja el Gobierno, siempre aparecen tres nombres que salieron airosos de una imputación: el ministro José Manuel Soria; el actual síndic del PP en las Cortes, Jorge Bellver; o Dora Ibars, destituída como alto cargo del Consell por su imputación en Gürtel y reintegrada por Fabra a sus funciones tras levantarle el juez esa condición. En contra del PP, sin embargo, este cambio legal se conoce después de que los imputados de las Cortes pidieran más cariño a la cúpula popular durante una reunión. P. r. f.

Política

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