El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, anunció ayer que en la próxima reunión del Consejo Interterritorial de Salud la Comunidad Valenciana planteará que se reduzca la aportación económica que tienen que hacer alrededor del 3% de las personas con discapacidad y que pagan más de 50 euros al mes por recibir los servicios necesarios para su situación. Fabra respondió así en la sesión de control de las Cortes a una pregunta planteada por la portavoz de EUPV, Marga Sanz, sobre la aplicación de medidas de "copago" por parte del Gobierno a las personas con discapacidad y dependencia.
El jefe del Consell explicó que, para unificar criterios a nivel nacional, se ha fijado una cartera de servicios única y el Gobierno ha adoptado una legislación que "nos obliga a todas las comunidades. Unas normas que establecen que se garantice "el principio de igualdad", así como que se logre "hacer que el sistema de salud sea sostenible". Para ello, Fabra destacó que se contempla que los ciudadanos colaboren con el mantenimiento de la prestación de servicios "en función de su renta" y aseguró que "ningún beneficiario quedará fuera por no disponer de recursos económicos".
