Ortiz alega que no hay hechos nuevos que obliguen a reabrir la investigación de Rabasa

La defensa esgrime que la Fiscalía y la Policía conocían los supuestos nuevos datos desde 2008 y que entonces no los pusieron en conocimiento del juzgado

19.02.2013 | 01:30
Ortiz presentando el Plan Rabasa en julio de 2006.
Ortiz presentando el Plan Rabasa en julio de 2006.

No hay hechos nuevos que justifiquen reabrir la investigación judicial sobre el Plan Rabasa. Éste es el principal argumento que ha esgrimido la defensa del empresario Enrique Ortiz para impugnar el recurso de la Fiscalía contra la decisión de un juzgado de Alicante de no volver a abrir las diligencias por las presuntas irregularidades en la tramitación del macroplan urbanístico, según el escrito de impugnación al que ha tenido acceso este diario. El recurso tiene que resolverse en la Audiencia Provincial.
Las presuntas irregularidades del Plan Rabasa fueron una de las piezas separadas que se desgajaron en su día del caso Brugal y se remitieron en el año 2008 al juzgado de Instrucción número seis de Alicante, donde fueron archivadas al no ver el juez indicios de delito. Sin embargo, en las posteriores investigaciones sobre el PGOU de Alicante aparecieron datos acerca de Rabasa, aunque éstos no fueron incluidos en este proceso por considerar que no eran competencia del juez que lo estaba instruyendo al ser ya un asunto cerrado. Por este motivo, Esquerra Unida presentó un escrito ante ese juzgado solicitando la reapertura de la investigación de Rabasa. EU pedía la imputación de, entre otros, la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, su antecesor en el cargo Luis Díaz Alperi y el empresario Enrique Ortiz. El juez Juan Carlos Cerón rechazó ese escrito argumentando que él nunca ha sido el juez competente sobre ese plan urbanístico y que todo lo que se ha investigado está en el juzgado que ha llevado la causa del PGOU. La Fiscalía ha recurrido la decisión de no reabrir el caso y este recurso deberá resolverse ante la Audiencia. Ante esta apelación, el juez emplazó a la defensa de Ortiz a que se pronunciara sobre la petición del fiscal.
Los abogados del promotor plantean a la Audiencia que confirme el archivo del caso y que desestime el recurso del ministerio público. En su escrito argumentan que no se trata de hechos nuevos, por lo que no cabe la reapertura de unas diligencias. En este sentido consideran un "malabarismo procesal" defender que hay nuevas revelaciones. Los letrados insiste en que el PGOU de Alicante y el Plan Rabasa "son actuaciones, concebidas, tramitadas y ejecutadas en Alicante", la mayoría de los imputados en ambos son las mismas personas, así como también los supuestos delitos son idénticos, los hechos ocurren de manera coetánea y ninguno de los dos planes ha sido aprobado definitivamente. "No se comprende por qué cuando tales datos fueron conocidos por la Policía y el fiscal (...) no los pusieron inmediatamente en conocimiento del juzgado, si consideraban que era el competente para llevar la investigación", sostienen. Por el contrario, se limitaron a pedir la prórroga de las intervenciones telefónicas a Ortiz. Por todo ello, consideran poco admisible en términos procesales que "ahora, cinco años después de tener conocimiento puntual exacto y concreto de los hechos, se reclame la reapertura de unas diligencias por tratarse de hechos nuevos", cuando los conocían desde el año 2008.

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