Más de cuatro años después de que un hermano y un empleado de confianza del empresario Enrique Ortiz retiraran dos cheques (por importe de 199.948 y 174.007 euros) de la cuenta de una UTE participada por una empresa del promotor, el instructor del proceso por los presuntos amaños del PGOU de Alicante, el magistrado Juan Climent, acaba de librar un mandamiento al Banco de Valencia para que facilite toda la información de que disponga tanto de los titulares de la cuenta en la que se cargaron los documentos de pago como aquella que conduzca a identificar a quién o quiénes cobraron esas cantidades. Esta diligencia forma parte de la instrucción que pretende determinar si la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y el anterior regidor, Luis Díaz Alperi, revelaron datos reservados del PGOU de la ciudad a Ortiz a cambio de prebendas.

A instancias del fiscal Felipe Briones, el juez acordó hace unos meses indagar los movimientos financieros de las cuentas de las que fueran titulares o estuvieran autorizados Virgilio Salvador Ortiz y Santiago Bernáldez, hermano y hombre de confianza del empresario respectivamente y ninguno de ellos imputados en esta causa. De esas pesquisas sólo dos cheques han despertado las sospechas de los investigadores tras cotejar las fechas de las operaciones con conversiones grabadas en esos días que obran en el sumario, según consta en el informe policial remitido al Tribunal Superior de Justicia al que ha tenido acceso este diario.

La cuenta sobre la que ahora se ha puesto la lupa está titulada por la "UTE Hospital Elche-Crevillente". Enrique Ortiz e Hijos Contratistas de Obras S.A. constituyó una unión temporal de empresas con la mercantil valenciana BM3 para la construcción del Hospital del Vinalopó.

El 24 de octubre de 2008 se retiró el primer cheque contra esa cuenta por importe de 199.984 y al día siguiente un segundo de 174.007 euros. Los investigadores ligan los dos cargos a seis conversaciones mantenidas entre el 24 y el 31 de octubre de ese año en las que tanto Ortiz como su hermano, su empleado de confianza y la mujer del empresario, imputada en este proceso, hablan de cantidades de dinero a las que se refieren como "bocadillos" o "tongada", según la interpretación policial.

En el primero de los pinchazos, registrado a las 13,15 horas del día 24, el hermano del empresario hace mención a que le va a dejar en casa a su cuñada "el bocadillo". Cinco horas después "le pide a Maleles (la mujer del promotor) que cuente la cantidad que no ha podido ser comprobada debido a que ha sido retirada de un banco por una persona que se desconoce y recogida por él y Santiago para llevársela a ella". El informe policial añade que en ese momento se calcula el dinero en unos 150.000 euros y que el hermano de Ortiz le pide a su cuñada que lo cuente "porque al día siguiente ha quedado con Santiago para ir al Banco de Valencia a retirar otra tongada". La mujer de Ortiz le contesta que la cantidad es la correcta.

Otra llamada de ese día de Ortiz a Bernáldez lleva a la Policía a concluir que "la retirada de fondos es una actividad conocida y ordenada por Enrique Ortiz".

En otra conversación del día siguiente Virgilio Ortiz le pregunta su hermano que "a dónde le lleva el bocadillo y quedan en que se lo lleve al barco". Los investigadores afirman que el pinchazo "confirma que Virgilio se reunió con Santiago, un tal Luis sin identificar y una persona que presumiblemente fuera un empleado del Banco de Valencia al cual se desplazaron para retirar fondos".

El informe policial habla de otras dos conversaciones (registradas el 28 y el 31 de octubre) en la que el hermano de Ortiz, ante la imposibilidad de contactar con su cuñada, le dice al hijo del empresario que le comunique a su madre que "tiene un montón de dinero ahí desde el día anterior".

Más pesquisas

Aunque el Banco de Valencia ya ha aportado una relación de productos financieros en los que el hermano y el empleado figuran como autorizados, los investigadores han detectado que de algunas cuentas no aparece la relación de movimientos. Por ello, para completar sus pesquisas, exponen que necesitan "la información más extensa posible sobre el medio de pago empleado para realizar el cargo en dicha cuenta bancaria, la identificación plena de dichos cheques así como la entidad en la que ha sido abonado el importe de los mismos y, si es posible, el número de cuenta y los titulares autorizados en las mismas". Ante la posibilidad de que los cheques no fuesen abonados en cuenta sino que fueran cobrados en efectivo, "se solicita igualmente la identificación de la persona/s que haya realizado dicha disposición". Climent ha dado luz verde para que se practiquen estas diligencias.