El juez del TSJ que investiga la supuesta financiación ilegal del PP valenciano, José Ceres, ha abierto tres nuevas piezas separadas para aclarar las presuntas irregularidades en la adjudicación a Teconsa de la sonorización de la retransmisión de la visita del Papa y los vínculos de la Generalitat con las empresas de Francisco Correa. Estas tres piezas se suman a otras tantas ya abiertas por los delitos de falsedad documental, electoral y prevaricación.
La primera de las nuevas investigaciones -denominada pieza cuarta- se centra en las supuestas irregularidades en la contratación que hizo Radio Televisió Valenciana -RTVV- con la constructora Teconsa para la sonorización de la visita del Papa. La constructora percibió 7,5 millones de euros por el suministro, en régimen de alquiler, de pantallas de vídeo, sonido y megafonía para cubrir la retransmisión de la visita del papa a Valencia entre el 8 y el 9 de julio de 2009 por el "V Encuentro Mundial de las Familias". El juez también va a comprobar la posible percepción de dádivas por el ex director general de RTVV Pedro García supuestamente relacionadas con las adjudicaciones. El magistrado José Ceres ha pedido informes a la Intervención General del Estado, a la policía y a la Oficina Nacional de Investigación del Fraude. También ha solicitado a la Intervención General de la Generalitat y a la Sindicatura de Comptes que informen sobre la fiscalización de los contratos objeto de la investigación.
En la pieza separada quinta, el magistrado se va a centrar en indagar en las supuestas irregularidades en los contratos entre la Generalitat Valenciana y otras sociedades vinculadas al grupo Correa. El magistrado apunta en el auto notificado ayer que las adjudicaciones bajo sospecha pueden constituir un delito de prevaricación. El magistrado recuerda que quedan fuera de esta pieza las adjudicaciones a Orange Market para las ferias de turismo, hechos que van a ser juzgados en los próximos meses una vez que la causa ya está cerrada. Para esta pieza, el Tribunal Superior de Justicia ha citado como testigos a dos personas el próximo 22 de febrero.
El magistrado ha reservado para la sexta pieza las pesquisas por los supuestos delitos contra la Hacienda Pública que puede haber cometido Orange Market o alguna de las sociedades del grupo Correa. Los delitos fiscales que van a ser investigados están relacionados con el pago del IVA, el Impuesto de Sociedades, y las retenciones del trabajo del personal de Orange Market del año 2007. El juez José Ceres va a analizar si Orange Market cometió otro delito contra la Hacienda Pública en 2008 y un delito continuado de falsedad. Ceres seguirá siendo instructor de las tres piezas.
Fallece en Valencia el magistrado que instruyó el caso GAL
El magistrado malagueño Eduardo Móner, que fuera instructor del caso GAL, falleció anoche en Valencia a los 84 años, según informó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Viudo y padre de seis hijos, fue instructor de los conocidos como "caso Crillón" y del sumario de los GAL, labor esta última que le valió el reconocimiento del Tribunal Supremo y del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo que, en la sentencia dictada en 2010, reconoció de manera notable su trabajo en relación en dicho asunto. Licenciado en 1950 con cinco matrículas de honor tras estudiar Derecho en las Universidades de Granada y Valencia, ingresó en la carrera judicial en 1953 y estuvo destinado en Sant Mateu, Vinaròs y Novelda, dentro de la Comunidad, y en Cáceres. Ya como magistrado, se incorporó en 1971 como titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 8 de Valencia. En 1987 fue elegido magistrado de la sala segunda del Tribunal Supremo, donde permaneció hasta mayo de 2003, desde 1998 como magistrado emérito. Su labor fue reconocida con la concesión de la Cruz de San Raimundo. europa press
