El dinero público que reciben los grupos políticos de la Diputación no se ha sometido nunca a fiscalización alguna de la institución durante las últimas tres décadas, según confirmaron fuentes provinciales. El melón sobre el control de esos fondos -más de 100.000 euros anuales que se reparten actualmente el PP y el PSPV para sus gastos- se ha abierto a raíz de que este periódico revelara que cinco diputados provinciales viajaron a actos de partido -dos convenciones de dirigentes municipales populares celebradas en Barcelona y Almería en los últimos meses- con cargo a la caja de caudales del PP en la Diputación y, p0r tanto, con dinero procedente de las arcas públicas. "No sabemos si hemos hecho mal o bien y, por eso, vamos a solicitar un informe a la Intervención de la Diputación para que delimite si se ha realizado una gestión correcta", apuntó Luisa Pastor que, en todo caso, reconoció la existencia de esos viajes e, incluso, llegó a justificar que se hayan autorizado los gastos. Pastor sabe que la ley sólo prohíbe el uso de esos fondos para gastos de personal e inversiones. Pero, en medio de la peor crisis económica y política de la democracia, evitó abrir el debate sobre el uso ético del dinero que se reparten los partidos desde la Diputación.

Con este panorama, la titular de la institución provincial, explicaron fuentes del PP, va a poner encima de la mesa, por vez primera en las tres décadas de democracia, las facturas y la contabilidad de la caja que manejó el grupo provincial popular -unos 67.500 euros- durante el ejercicio de 2012. "Ahí está todo. Cuando queráis lo enseño", explicó la también alcaldesa de San Vicente del Raspeig. Como el asunto saldrá hoy en el pleno provincial, es muy probable que la dirigente del PP airee la documentación y, al tiempo, rete a los socialistas a justificar también los gastos de su asignación, que llegan a los 36.ooo euros. "En el momento que la titular de la Diputación tome ese camino, nosotros también sacaremos nuestra contabilidad", subrayó el representante socialista Alejandro Soler que, por su parte, admitió que también gastan parte de su dinero en viajes pero siempre ligados a la actividad institucional.

La actual legislación se limita a apuntar que los ingresos que llegan a las fuerzas políticas procedentes de las entidades públicas forman parte del conjunto de la financiación de los partidos y nada alude, sin embargo, a que tengan que ser fiscalizados por la institución de la que sale el dinero. Así que nunca esos fondos -ni durante los mandatos socialistas ni tampoco a lo largo de la etapa del PP- han tenido que ser justificados ante la corporación provincial. Luisa Pastor, aunque legalmente no tenga obligación, quiere romper con esa dinámica y, en todo caso, defendió, de forma pública, el viaje de los diputados a actos convocados por la cúpula del PP. "Van a esas convocatorias y luego nos informan", detalló.

Luisa Pastor recibió ayer en el Palacio Provincial al síndic del PP en las Cortes Valencianas, Jorge Bellver, que, casi de forma obligatoria, también tuvo que capear el temporal como consecuencia de la polémica abierta en el grupo parlamentario popular por el reparto de sobresueldos entre los diputados, una práctica que Bellver enmarcó en una "asignación por responsabilidad" y que identificó como un complemento para aquellos diputados que ostentan tareas de dirección dentro del grupo parlamentario popular. "Lo que ocurre es que el PP tiene muchos más diputados que el resto de grupos", argumentó. El síndic popular dejó claro que los balances de los populares están controlados por la dirección del PP y, por extensión, por el Tribunal de Cuentas. El diputado entiende, además, que todos los grupos parlamentarios de las Cortes deben entrar en la dinámica de la transparencia con sus fondos.