La dirección provincial del PP ya ha solicitado a la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, su "colaboración" para poner en marcha el nuevo organigrama interno de la agrupación popular en Alicante, que prevé "trocear" la ciudad en cinco ejecutivas de distrito. Hace unos días, Castedo visitó la nueva sede junto al "núcleo duro" de sus concejales. Acudieron a la cita con José Juan Zaplana, número dos de José Císcar en el PP, la propia Castedo junto al vicealcalde Andrés Llorens; el concejal Juan Seva y la portavoz municipal, Marta García-Romeu. Todo el que tiene algo que decir dentro del grupo del PP en el Ayuntamiento de Alicante estaba alrededor de la mesa, apuntan fuentes populares. ¿Objetivo del encuentro? Apuntalar la elección de las cinco nuevas ejecutivas locales con el respaldo explícito y claro del grupo de concejales alicantinos. Otros dos ediles con cierto peso -Luis Barcala y Carlos Castillo- se encuentran, además, entre los principales colaboradores de José Císcar en la cúpula provincial.
A nadie escapa, sin embargo, que la convocatoria se produce cuando Castedo está a la espera del siguiente paso judicial del TSJ sobre la pieza que investiga el supuesto amaño del plan general de Alicante, una investigación en la que, junto a Luis Díaz Alperi, está imputada por tres graves delitos. La intención de la dirección provincial del PP es muy clara. Sabe que Castedo no puede ser elegida para un puesto orgánico, de acuerdo a la tesis marcada por el presidente Alberto Fabra y por el propio Císcar en el último congreso regional y también en el provincial. Pero sí quieren que exista "coordinación" con el consistorio alicantino para evitar que, en la práctica, la nueva estructura orgánica -un experimento que nunca se ha puesto en práctica en Alicante- se convierta en un contrapoder. Se trata de apuntalar el proceso con el espaldarazo de los principales ediles del PP.
Ese mensaje se trasladó tanto a la citada Castedo como a Andrés Llorens, también imputado por prevaricación por la adjudicación de las obras de la Plaza de Magallanes; a Juan Seva y a Marta García-Romeu. Todos se ofrecieron a colaborar para garantizar que el proceso de elección de los presidentes de distrito -debe concretarse antes del mes de marzo- se cierre sin demasiados sobresaltos. En el fondo, la dirección provincial del PP intenta llegar a una gran entente para evitar que las votaciones se conviertan en un proceso interno que tenga como epicentro la figura de Castedo, en su momento de máxima debilidad. La cúpula provincial sigue confiando en que la alcaldesa de Alicante pueda salvar su futuro judicial. Consideran que, justo cuando las encuestas autonómicas sitúan al PP con una caida de quince puntos, una Castedo que pudiera "quedar" limpia de su imputación aumentaría todavía más su valor electoral. Todo queda, por tanto, en manos de los jueces.
