Cuando faltaban cuatro minutos para las once de la mañana, Antonio Peral, diputado del PP en las Cortes y el "jefe" de Twitter en la cúpula popular, subía el siguiente mensaje a esa red social: "Ahora reunido en Les Corts Valencianes con el GPP @popularescorts para distribución de tareas y preparación V periodo de sesiones". Después de 41 días desde que se celebró la última sesión del pleno de las Cortes antes de Navidad, el grupo del PP, sin embargo y lejos de dedicarse a impulsar iniciativas que saquen a la Comunidad de la crisis, afrontó una tensa convocatoria que acabó en rebelión; con fuertes críticas a la estrategia del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, por la gestión de las investigaciones por corrupción que afectan a los populares; y con quejas por el trato dispensado a los imputados -hasta nueve- que pueblan los escaños de la bancada del PP en las Cortes. Un conflicto interno que, quizá, no se reproducía en el hemiciclo autonómico desde el plante que los diputados populares afines a Eduardo Zaplana le hicieron a Francisco Camps en los primeros compases de su gestión al frente de la Generalitat.
El acalorado debate se originó cuando el síndic del PP en las Cortes, Jorge Bellver, puso encima de la mesa una declaración con las rentas de los diputados con la intención de contrarrestar los ataques de la oposición por el reparto de sobresueldos en el grupo popular, una parte, incluso, distribuída en sobres con dinero metálico exento de tributación. Y después de que, en el conjunto de la reunión, Bellver aludiera a un artículo suyo en el que se defendía la presunción de inocencia. A continuación se sucedieron una serie de intervenciones que, con alguna excepción, tuvieron un mismo hilo conductor: atacar con mayor o menor claridad la estrategia de Fabra, criticar que no se defienda más la labor de los parlamentarios -acosados por escándalos como el del reparto de sobres- y pedir amparo para los imputados. El tono fue agrio.
Fue Ricardo Costa -exnúmero dos de Camps en el PP, antiguo síndic parlamentario y hoy arrinconado por su imputación en Gürtel- el que abrió el fuego para quejarse del trato que estaban recibiendo los imputados al tiempo que pidió que se produjera una mayor defensa de los imputados. En la misma línea, Luis Díaz Alperi, exalcalde de Alicante e imputado por tres graves delitos en la pieza de Brugal que investiga el presunto amaño del planeamiento urbanístico de Alicante, lamentó la falta de apoyo cuando no se ha decidido su procesamiento y, con un tono de cierta indignación, confesó que no se sentía defendido suficientemente por la cúpula del PP. Su hija, que recientemente tomó posesión en sustitución del dimitido Pedro Hernández Mateo, también se dejó notar durante la reunión y le reprochó a Jorge Bellver que no se defendiera a su padre.
A la intervención de Alperi -la última de la reunión- le siguió la del diputado David Serra, también imputado por Gürtel, quién recordó que, precisamente, hace 72 horas, Carlos Floriano, mano derecha de De Cospedal, dejó claro que la "línea roja" no estaba en la imputación sino en el procesamiento. Una carga de profundidad contra Alberto Fabra que decidió "limpiar" la ejecutiva del PP y la cúpula del grupo en las Cortes de imputados en sumarios de corrupción. En la cita también participó Rafael Blasco, imputado en la red de Cooperación, pero que, sin embargo, optó por guardar silencio. La alcaldesa de Alicante y también diputada, Sonia Castedo, estuvo en Fitur.
Los imputados encontraron el apoyo del diputado oriolano Andrés Ballester, erigido en una especie de portavoz de los restos del campismo. Se quejó de que el partido los había abandonado a su suerte cuando atravesaban momentos personales muy delicados. En este sentido, Ballestar aludió a la expresidenta de las Cortes y alcaldesa de Novelda, Milagrosa Martínez, a quien el fiscal pide once años de cárcel por las contrataciones de Fitur con Gürtel. En una intervención vehemente, reclamó el apoyo del partido. Su discurso recibió aplausos entre ellos los de la exconsellera alcoyana Trini Miró.
Dirigentes populares que se sienten "perseguidos"
Entre las intervenciones que se produjeron durante la reunión del grupo parlamentario popular en las Cortes también cabe destacar las de Alicia de Miguel y la del diputado Luis Ibáñez. Especialmente interesante, comentaron fuentes del PP, fue la de la exconsellera con Eduardo Zaplana que se quejó de la persecución en la que se estaban viendo sumidos los parlamentarios populares con el tema del reparto de sobresueldos, entre ellos, uno de 360 euros en sobre y exento de tributación. La antigua portavoz del Consell pidió, en tono firme, que se respete la "dignidad" de los diputados, apuntaron fuentes conocedoras de la reunión. Con este ambiente, los populares se enfrentarán a partir de la próxima semana al nuevo periodo de sesiones. P. r. f.
