Ponga usted un vaso de agua desalinizada en cualquier lugar y verá cómo inmediatamente aparecen detrás alcaldes, concejales, altos cargos y representantes del Gobierno embelesados ante lo que se apunta como el néctar del siglo XXI. Que tiemblen las zonas vitivinícolas con denominación de origen. Que se aten los machos las destilerías de bebidas espirituosas frente a la pócima que ha de matar nuestra sed al tiempo que nos mantiene lozanos. Tanto derroche de satisfacción cada vez que los políticos realizan una ingesta colectiva de Mediterráneo sólo puede deberse a que coloca. A lo mejor la Guardia Civil debería implantar controles específicos junto a los que viene realizando para detectar la presencia de sustancias estupefacientes en el organismo de los conductores. Pero hasta que la dirección de Tráfico tome cartas en el asunto y nos diga que todo está en orden, lo cierto es que los socialistas tienen motivos para sentirse en éxtasis. Además de que el sector ecologista, siempre crítico con el invento, parece convencido de que éste es el remedio a una enfermedad largamente padecida, quienes han hecho del trasvase del Ebro bandera exclusiva se muestran descolocados. De un lado, mientras los populares aborígenes cuestionan de una manera un tanto infantil la legalidad del embotellado a la que está procediendo el Ejecutivo central, sus conmilitones murcianos se retratan en la planta de Torrevieja. Y de otro, la circunstancia de que el PP no lleve en su programa electoral la confirmación de que en caso de victoria el proyecto hídrico se hará, ha sido la respuesta anticipada a lo que acaba de ocurrir en Aragón, donde los parlamentarios populares votaron contra un trasvase que el Consell interpreta que ha logrado el beneplácito de Constitucional a sabiendas de que no es así. Tal vez este sea el último clavo ardiendo al que pueda aferrarse.
