L levan tanto tiempo echándose las culpas los unos (PSOE - Ayuntamiento); a los otros (PP - Generalitat); de las carencias y de los retrasos en los proyectos demandados, que llevan camino de hartar a los colectivos directamente afectados. El último caso evidente ha saltado con la construcción de una residencia para enfermos mentales demandada por la asociación ilicitana de familiares de estos discapacitados. La competencia directa corresponde a la Administración autonómica pero el equipo de gobierno municipal había alcanzado un compromiso verbal para que se financiara de forma conjunta al tiempo que la redacción del proyecto corriera a cargo de la administración local. Sin embargo, el anuncio en las Cortes Valencianas de que no habrá presupuesto del Consell para este menester en 2008, al no estar elaborado el proyecto, ha desatado la caja de los truenos en el colectivo implicado. Las acusaciones son fuertes porque dicen sentirse engañados por sus ediles ya que pensaban que el documento técnico estaba elaborado y de este modo la consignación presupuestaria llegaría en el inminente próximo ejercicio. Tampoco justifican a la Generalitat porque piensan que se han desentendido del asunto y no han tomado ninguna iniciativa lo que demuestra el poco o nulo interés que tiene en este asunto, cuando es un tema de su competencia. De este modo, entre las dos partes han conseguido que se genere en ellos un sentimiento de desilusión y de hastío porque creen que los políticos deben estar para resolver los problemas y no para crearlos y que su objetivo debe ser satisfacer las demandas ciudadanas, como sea. Lo peor es que parece que la sensación no es única de esta asociación sino que va calando en otras entidades que se encuentran en situaciones similares.