B uena parte de los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana y también del resto del Estado, se encuentran ante el gran problema de la financiación. Es de derecho reconocer que el «boom» de la construcción, ha terminado por multiplicar los ingresos de las maltrechas arcas locales. En la mayoría de los casos estos ingresos se han reinvertido en distintos servicios municipales tales como bibliotecas, zonas deportivas o de ocio.
No es menos cierto, que también se acaban financiando de forma irregular determinadas obras derivadas de la venta de los patrimonios municipales, de suelo que en su momento son cedidos a los consistorios en las distintas reservas por crecimientos urbanos. La experiencia del algún municipio nos dice, que acaban asumiendo determinados gastos más allá de la necesaria vivienda protegida.
Si afloja el sector inmobiliario, nuestros ayuntamientos tendrán que apretarse el cinturón, reajustando notablemente las partidas y muy significativamente los apartados de gastos e inversiones. Señalar a modo de ejemplo, que en nuestro litoral muchos de nuestros municipios han aumentado la población de derecho en más de un 30% en el período 2000-2004. Curiosamente y a pesar del alud inmobiliario que nos ha sacudido, no se ha producido el mismo incremento en los presupuestos municipales.
El tema no es baladí, ya que muchas de las familias que tenían una segunda residencia, la han terminado por convertir en la primera. Ello es debido en parte a la inminente caída de la vivienda especulativa, que limita el pago de más de una hipoteca. Otros motivos pueden ser, por qué no decirlo, a la misma fijación de su primera residencia en zonas relativamente atractivas, aprovechando la flexibilidad laboral o empresarial que disfrutan algunas capas de la población.
Sea cual sea el caso, el aumento demográfico local implica una serie de ingresos, pero también problemas ambientales y de carencia estructural. En definitiva, mayor gasto local. Ejemplos de problemáticas ambientales derivadas, son la movilidad urbana desaforada, junto al excesivo tránsito de vehículos privados, la consecuente contaminación atmosférica y acústica, o la destrucción territorial de un paisaje donde su protección debe mostrarse como clave, dentro de un contexto de competitividad turística global. Los elementos de carencia estructural tampoco desmerecen de los anteriores: aumento de carreteras y asfaltado de caminos locales, necesidad de mayores redes de infraestructuras de abastecimiento en materia de agua, saneamiento y luz, necesidad de más y mejores servicios asistenciales o sanitarios. Dependiendo del sistema de gestión urbana que se emplee, estas cargas no siempre son repercutibles a los costes de urbanización que asume cualquier promotor (al menos en los que harían referencia al mantenimiento o renovación de redes);. Al final el político acaba haciendo cuentas y remata la faena subiendo los impuestos al ciudadano de a pie, y no al verdadero interesado del crecimiento desmesurado.
El aumento presupuestario municipal debería ir ajustado y acompasado al volumen de población real (y no de derecho); que tiene un municipio. En otras palabras, debe ir en solfa con los ritmos de crecimiento que marque todo el aparato inmobiliario y poblacional que finalmente se asiente sobre el territorio. Escuché con atención unas notas del profesor Joan Romero, director del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local, en que afirmaba que un aumento demográfico local debería ajustarse proporcionalmente al presupuesto municipal. Esto debe ser analizado siempre «per cápita». Otro crecimiento que no sea como el indicado, plantea un desajuste innecesario en el desembolso municipal y cuestionaba el modelo masivo de ese urbanismo que al final de la película, acaba lastrando más que rellenando las arcas municipales.
De todo lo expuesto se concluye con afirmación nada novedosa: la financiación local está mal resuelta en España, sobre todo en un contexto donde los ayuntamientos suministran cada vez más servicios de carácter personalizado a sus ciudadanos, superando de largo sus competencias establecidas en sus bases de régimen local.
Se estima que más de un tercio de los ingresos locales dependen directamente de la construcción, que básicamente se centralizada en impuestos, tasas y contribuciones especiales. También en la venta o plusvalía de cesiones adquiridas por aprovechamiento urbano, y del uso y abuso del convenio urbanístico. A pesar de todo lo expuesto, estas se muestran a día de hoy del todo insolventes para saciar las arcas municipales.
Lo importante de este artículo es que el modelo territorial y urbanístico elegido por los ayuntamientos importa, y mucho. Mientras esto ocurre, nuestro «capital territorial» es borrado del mapa, y llegan las sorpresas al comprobar las cuentas de lo que a uno le entra por «ladrillo», y se acaba gastando por «habitante».
José Vicente Sánchez Cabrera es miembro del Colegio de Geógrafos de la Comunidad Valenciana
