La desafección de los ciudadanos con los políticos se asienta en decisiones como la que acaba de adoptar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Desvelada la fecha en la que los españoles están llamados a las urnas para elegir a sus representantes legislativos y a un nuevo Gobierno, los augurios de una doble elección con una única diferencia de cuatro semanas se han confirmado, ratificando, de este modo, un dislate, difícilmente asumible precisamente por quienes ostentan la soberanía.
Celebrar comicios un mes antes que las municipales, autonómicas y europeas porque los candidatos a reeditar sus cargos, o los que aspiran a alcanzar los sillones municipales y regionales, quieran separar ambas convocatorias por no sé muy bien qué estrategias de índole personal o política no casa nada bien con los intereses generales. Por lo pronto, se activa desde ya, de forma intensa, el modo campaña electoral que, como mínimo, se prolongará hasta finales de mayo, con un arranque legal del 12 de abril, vísperas del Domingo de Ramos, y que se desarrollará en gran parte durante la Semana Santa, periodo festivo en toda España, con el desdén que implicará entre los votantes, por muy implicados que puedan estar.
Un periodo que no finalizará con el escrutinio de la noche del 28 de abril, sino que seguirá manteniéndose hasta el 26 de mayo, cambiando tan sólo de caras en los carteles virtuales que nos inundarán.
Doble convocatoria que tendrá un coste de 200 millones de euros, que se dice pronto, y que nos hubiesen venido muy bien, por ejemplo para el proyecto de llevar el ferrocarril hasta el aeropuerto. Todo porque a determinados políticos no les interesaba unificar esta convocatoria, como si los intereses particulares debieran primar sobre esos intereses generales, aunque al final terminen imponiéndose los intereses creados.
