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Retiro lo escrito

La cronificación de la crisis

En el primer día del juicio, los abogados de los presos independentistas se dedicaron a deslegitimar al Tribunal Supremo y a anunciar, a Madrid y al mundo, que esto era un juicio político, que el acusado en realidad era el pueblo catalán, que el delito cometido se llama democracia y otras flores reventonas del procesismo. Imagina uno que la defensa fáctica vendrá en los días siguientes, porque todo ese discurso, en términos técnico-jurídicos, resulta absolutamente irrelevante. Y - como es obvio -- manifiestamente falso. Los acusados, que son inocentes hasta que se demuestre fehacientemente lo contrario, están acusados por la posible comisión de delitos muy concretos. Por supuesto (y esta es una explicación también procesista) muchos aseguran que esta buena gente no cometió ningún delito.

Que Puigdemont declaró la independencia pero acto seguido, apenas una frase y media más tarde, advirtió que quedaba suspendida sine die. Que esta República verbal de quince segundos no puede traducirse en una condena a diez, quince o veinte años de prisión. Bueno. Para llegar a ese punto los independentistas conculcaron leyes y reglamentos, desobedecieron al Tribunal Constitucional, convocaron un referéndum ilegal y sin garantías e incumplieron, incluso, las llamadas leyes de desconexión, frangolladas por su apurada mayoría parlamentaria, por no hablar de lo que vino después.

Pero nada de eso debe comportar- según los atrapados en la lógica procesista - ninguna consecuencia penal. Si acaso una multa, un cachete, un vayan con cuidado la próxima vez. Mientras tanto el actual presidente de la Generalitat arremetía contra el Supremo, advertía que podía proclamar la república cuando quisiera y exigía, de nuevo, la convocatoria de un referéndum para la independencia catalana. En cualquier país razonable ese señor de mejillas sonrosadas, un independentista sinceramente etnicista y sentidamente católico, que lleva ganduleando desde mayo pasado por los alrededores de la plaza Sant Jaume, recibiría mañana una querella de la Abogacía del Estado.

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