Los gobiernos, da igual el color, tienen por costumbre criticar la herencia recibida como una forma de justificar después su gestión más o menos acertada. Pero es que en el caso de Alcoy, a la vista de los hechos, estas críticas están más que justificadas. Al actual ejecutivo socialista le ha tocado lidiar con una larga lista de «marrones» dejados por el PP. El asunto del bulevar se pudo solucionar sin costes, y el del nuevo Palacio de Justicia se cerró con una permuta de edificios. Sin embargo, el caso de la Rosaleda, aunque al final se ha desbloqueado, acabará costándoles a los alcoyanos un millón y medio de euros por una obra que nunca debió ser ejecutada de esta forma. Y el problema es que todavía queda el Calderón, Serelles...
