Cuando se configuró el actual sistema de autogobierno a principios de los 80, los socialistas y la extinta UCD se conjuraron para evitar que en esta Comunidad creciera una correlación de fuerzas en la que encontraran acomodo partidos de corte nacionalista como sí ocurría en Cataluña o Euskadi. No les convenía la «molestia» de encontrarse con otro territorio en el que surgiera un movimiento político autóctono. Y pactaron el sistema electoral, junto al de Galicia, más restrictivo de toda España. Con una barrera para acceder a las Cortes del 5% cuando en las elecciones generales y en otras autonomías sólo se necesita un 3% para poder entrar en el reparto de escaños, una fórmula que garantiza así la voz de las minorías que dispongan de un número de votos apreciable.
Aquel techo electoral le sirvió a los socialistas y luego al PP para cuadrar un mapa de partidos en la Comunidad reducido. Limitado a un gran partido de izquierdas y otro de derechas junto con fuerzas de representación moderada como los comunistas convertidos posteriormente en EU, presentes en el hemiciclo hasta 2015. Los regionalistas de Unión Valenciana, claves para el cambio que le entregó, por vez primera, la presidencia al PP con Eduardo Zaplana, que luego se los comió electoralmente en 1999. Y durante la legislatura que fue de 1987 a 1991, el CDS de Adolfo Suárez que llevó al Palau dels Borja nada menos que una decena de parlamentarios.
En este último mandato, los socialistas ya le veían las orejas al lobo y accedieron a negociar la rebaja de aquel listón que se había quedado como una reivindicación, casi exclusiva, de EU y de los nacionalistas de la Unitat del Poble Valencià (UPV), todos hoy integrados dentro de Compromís. El asunto se abordó en el pleno de las Cortes pero, en el último minuto, sin embargo, los centristas se desvincularon de la modificación de la ley electoral, un texto que sólo se puede cambiar con mayorías cualificadas y para el que su voto era decisivo en aquel momento. Entonces se veían fuertes. Pero no midieron bien. Se pegaron un tiro en el pie. A las siguientes elecciones, en 1991, tanto el CDS como la UPV superaron con claridad el 3% de los votos pero no llegaron a ese listón del 5% con lo que se quedaron fuera del parlamento.
A partir de entonces, el peso electoral del PP impidió abordar la cuestión. Sólo Francisco Camps realizó una concesión cuando, en la reforma del Estatuto que pactó con el socialista Joan Ignasi Pla en 2006, facilitó que la variación de la ley electoral se quedara al margen, con lo que se retiraba uno de los elementos que blindaba el texto. Las elecciones de 2011 con la continuidad, contra todo pronóstico, de Compromís en las Cortes; pero, sobre todo, las de hace tres años con cinco fuerzas en el hemiciclo y con un PP sin capacidad para vetar la rebaja del listón electoral al no llegar al tercio de escaños, abrió la puerta a la reforma para dejar ese tope en el 3%, como en la mayoría de autonomías y en la ley general. Ciudadanos alcanzó la primera línea política en España pidiendo otra ley electoral para hacerla más proporcional. Igual viene reclamando en Cataluña, donde está vigente por falta de acuerdo la norma estatal. Un sistema que, hasta que Cs creció, facilitó a Albert Rivera lograr escaño por los pelos con un poco más del 3% de las papeletas catalanas.
Después de un largo trámite, la semana que viene llegará al pleno de las Cortes la reforma de la ley electoral valenciana con esa rebaja del listón al 3% para favorecer la representación en el parlamento. Tiene el apoyo de las formaciones de izquierda pero necesita obligatoriamente el aval del grupo, entre otros, de Mari Carmen Sánchez y Emilio Argüeso. Primera oportunidad de Ciudadanos en toda España para dar ejemplo con lo que viene predicando desde hace tiempo sobre pluralidad, sistema electoral justo, respeto a las minorías... Y, de paso, para ajustarse al programa electoral que presentó a las autonómicas de 2015. Pero, como el CDS hace casi treinta años, Ciudadanos se ve en la cresta de la ola. Y con la excusa de reclamar un sistema con una única circunscripción sin provincias -algo que requiere de un cambio más complejo en el Estatuto- han anunciado que se opondrán. «Cambian el discurso, incumplen programa electoral y venden otro adaptado a sus intereses en cada momento...», definía a la perfección la actitud de Ciudadanos en la Comunidad la diputada socialista Noelia Hernández en un comentario en Facebook. Pura incoherencia.
