La decisión de la Generalitat de no recurrir la sentencia del TSJ que anula el plan «Alcoinnova» supone una estocada al proyecto de traslado de La Española a la Canal, pero también una actuación consecuente con todo lo que han venido pregonando los nuevos inquilinos del gobierno autonómico tanto ahora como cuando antes se encontraban en la oposición. Acatar el fallo judicial, además, significa que la empresa, si es que al final decide recurrir, se queda sola en la defensa de este proyecto ante los tribunales, quizá preguntándose qué ha pasado con aquellos que la acompañaron en esta iniciativa y le hicieron creer que el traslado se iba a convertir en realidad a una velocidad de vértigo. Todo ello con un evidente aprovechamiento político y a través de un procedimiento que, a la vista de la sentencia, dejó mucho que desear.
