La discriminación de la razón

Debieran saber los aludidos, estudiantes, organizaciones feministas o las que aprovechan cualquier oportunidad por estar siempre en vanguardia de lo políticamente correcto, que la democracia se sostiene en tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, en los que se asienta el Estado de Derecho. No hay más, todo lo que se quiera añadir no es más que populismo y/o agitaciones tendentes a subvertir nuestro modelo de sociedad, que conducen a sociedades totalitarias o sistemas de gobierno autárquicos. Leyes y jurisprudencias emanan de nuestra Constitución, equiparable a cualquiera de los países de nuestro entorno. Todos están obligados a cumplir y hacer cumplir la ley de leyes. A los jueces y fiscales, como al resto de componentes del poder judicial, les corresponde aplicar, acusar y/o defender. En España, uno de los países más garantistas, existe la posibilidad de recurso, que en muchos casos se elevan a dos y en ocasiones a tres, en amparo al Tribunal Constitucional. Las consideraciones técnico jurídicas quedan para los profesionales, los comentarios, tanto los objetivos como los subjetivos, a los legos en la materia, el resto de la ciudadanía.

Se puede disentir de una sentencia, declarar que no nos gusta, expresar el disgusto por el fallo, pero lo que no se puede ni se debiera hacer nunca es animar a manifestaciones callejeras contra una u otra sentencia y contra los magistrados que han elaborado el fallo, más si esta es recurrible en instancia superior. En un Estado de Derecho no se debería dilucidar en la calle, lo que es competencia del poder judicial, pues precisamente como garantes de la justicia democrática actúan los jueces. No es de recibo que una turba enfadada por una sentencia arremeta contra la justicia, e incluso intente tomar al asalto la sala y el palacio judicial. Es condenable que políticos animen a tomar la calle para inducir a la sociedad a tomarse la justicia por su mano, a condenar sin saber, a insultar con exabruptos a unos jueces que, con minuciosidad y tiempo, según las pruebas e indicios que han puesto en sus manos y la legislación vigente, han calificado los hechos según su leal saber y entender.

Nos estaríamos cargando la democracia si los que decidieran culpabilidades y penas a aplicar fueran manifestantes indignados. El gran jurista y filósofo alemán Rudolf Ihering, afirmaba que «Derecho en el sentido objetivo es la suma de los principios jurídicos manipulados por el Estado, el orden legal de la vida; el derecho en el sentido subjetivo es la expresión concreta de las reglas abstractas en una justificación concreta de la persona». Es en el terreno de la objetividad cuando actúa el Estado a través de sus instituciones, como es el Estado, según Weber el que ejerce legítimamente el monopolio de la violencia. Sí que es pertinente, como el mismo Ihering explica, que como el derecho es una idea que parte de su propia antítesis, es decir por un lado tiene el objetivo de conseguir la paz social, y por otro es en esencia la lucha por aquello que la perturba, que al mismo tiempo que dicta normas que regulan las relaciones de una sociedad, se encargue también del injusto jurídico cuando lo hubiere, corrigiendo y modificando la legislación vigente mediante el poder legislativo.

Los dogmatismos, propios de sectas adoctrinadas en únicamente la fe, que termina derivando casi siempre en fanatismo, no deberían atenderse por actores individuales o colectivos para propagar sus ideales. Estas formas conllevan linchamientos tan injustos como rechazables de personas que intentan explicar puntos de vista analizando acontecimientos. Al hilo del tema que nos ocupa, el catedrático Francesc de Carreras, odiado en redes sociales por grupos determinados e identificados, está siendo vilipendiado por su último análisis en el que pretende que las ideas preponderen sobre las creencias. En la justicia no se puede discriminar la razón.