Han tenido que ser dos vecinos, uno de ellos el exdirigente vecinal José Luis Valdés, quienes hayan llevado ante la Justicia el supuesto soborno de libro desvelado en el Ayuntamiento de Alicante por Nerea Belmonte. Una concejala tránsfuga, pero concejala a fin de cuentas, que relataba en el transcurso de una sesión plenaria, no en la barra de un bar, cómo le habían ofrecido un sueldo de 3.500 euros y un puesto en las listas a cambio de apoyar con su voto la investidura de la candidata socialista a la Alcaldía de la ciudad, Eva Montesinos. A ninguno de los veintiocho ediles presentes, incluido el popular Luis Barcala, quien en esa sesión se estrenaba como alcalde, le debieron parecer lo suficientemente graves las palabras de la expodemita como para reaccionar. Ni al partido que gracias al voto en blanco de la tránsfuga se ha hecho con el Gobierno de la ciudad. Ni a la izquierda, en clara alusión a PSOE, a la que Belmonte apuntó como ofertante de ese salario y el hueco en un puesto de salida para el próximo jolgorio electoral, que diría un juez navarro. Ni a sus excolegas de candidatura agrupados bajo la marca blanca de Guanyar. A nadie le pareció que algo olía a podrido en la intervención de su compañera. ¿Y qué decir de Compromís y de Ciudadanos si ni están ni se les espera?
Sea como fuere, la denuncia de estos dos vecinos, ante la que la Fiscalía no le queda otra que abrir diligencias e indagar si lo que dice la edil es cierto y nos encontramos ante un caso, otro más, de corrupción, deja a la intemperie las vergüenzas de una clase política que precisamente de clase, a tenor de actuaciones como la que nos ocupa, no va sobrada. Veintiocho representantes públicos de un Estado de Derecho escuchando cómo se habla de la compra de voluntades sin que de inmediato salten todas las alarmas sólo lleva a pensar que el que no lo haya hecho, no le importaría hacerlo.
