Yo soy jurista; solo un padre de familia que desde los años 90 ha defendido y luchado en diferentes asociaciones civiles como Concapa, el Foro de la Familia o la Asociación de Familias Numerosas, además de como concejal en Alicante y secretario de Educación del PP de la Provincia de Alicante, por una idea fundamental: el derecho a la educación de los hijos depende de los padres, de la familia. De nadie más.

La Constitución española, en su artículo 27, al reconocer la libertad de enseñanza, dispone que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y que los poderes públicos deben garantizar el derecho de los padres para que sean educados los hijos de acuerdo con sus propias convicciones; adicionalmente se consagra la libertad de creación de centros y el control de estos por parte de la comunidad educativa.

Literalmente, el artículo 9.2 de la Constitución, un pilar fundamental en el sistema de derechos establece: «Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social».

Desde el comienzo de la presente legislatura en la Comunidad Valenciana, la imposición ideológica ha imperado a sus anchas mediante decretos, leyes y directrices internas en los centros educativos. Una verdadera dictadura ideológica y lingüística impulsada por el conseller Marzà y apoyada de forma clara por el PSOE y Compromís. Nunca se tuvo en cuenta a las familias, a los colectivos que la representan y a la sociedad civil, que salió en diferentes concentraciones masivas contra el «chantaje lingüístico» por toda la geografía de nuestra Comunidad.

Pues bien, el TSJCV ha fallado a favor de esa sociedad civil cansada de imposiciones, a la que el señor Marzà, ignorándola, sólo les dejó la vía de recurrir ante el Poder Judicial. Frente a su política dirigida al control de la educación, se interpusieron recursos al decreto por las federaciones de padres de la escuela pública y concertada, ambas en este caso unidas, los sindicatos y la Diputación de Alicante. Y en cinco sentencias le dicen al gobierno del señor Puig y la señora Oltra que no han respetado a las familias. No han legislado para la mejora de la sociedad, ni tampoco «para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas», como dice nuestra ley de leyes.

Los tribunales nos han dado la razón, afirmando que PSOE y Compromís legislan para imponer su ideología al resto de la sociedad, sin tener en cuenta los derechos educativos de las familias.

El derecho a decidir la educación de sus hijos compete a las familias, las cuales están legitimadas para actuar de acuerdo con sus propias convicciones. No puede el Estado sustituir a los padres y situarse por encima de ellos, no puede el derecho de las familias ser sustituido por la Administración.

La justicia ha hablado alto y claro, aunque dudo que le hagan caso.